Por Elio García
Hay palabras que no describen solamente un hecho. También cargan historia, miedo, memoria y advertencia. “Militarización” es una de ellas.
Por eso, cuando el Gobierno afirma que la incorporación de vehículos blindados del Ministerio de Defensa a operativos policiales “no es militarización”, no está haciendo apenas una aclaración administrativa. Está disputando el sentido político de una imagen: maquinaria de origen militar circulando en el terreno de la seguridad pública.
Según informó Presidencia, la medida deja a disposición de la Policía hasta 12 vehículos blindados del Ministerio de Defensa para patrullar zonas con altos índices de violencia. Las autoridades sostienen que el objetivo es proteger a los funcionarios policiales y remarcan que no se trata de militarización, entre otros argumentos, porque la conducción operativa seguirá bajo mando policial.
Ese es el punto de partida del debate. Pero no necesariamente su punto de llegada.
La militarización no siempre empieza con soldados tomando decisiones policiales. A veces comienza antes, en el lenguaje, en los símbolos, en las formas que adopta el Estado para presentarse ante determinados territorios. Un vehículo blindado no es un patrullero más. Comunica otra cosa. Produce otra escena. Instala otra relación entre el Estado y quienes habitan los barrios donde aparece.
La discusión, entonces, no es solo jurídica ni logística. Es política. Y también es imaginaria.
¿Qué imagina una sociedad cuando ve vehículos militares en tareas de seguridad interna? ¿Protección? ¿Orden? ¿Amenaza? ¿Presencia estatal? ¿Excepción? La respuesta no es única. Para algunos, la imagen puede representar respaldo a una Policía desbordada por zonas de alta violencia. Para otros, puede expresar el avance de una lógica de guerra sobre problemas sociales, urbanos y delictivos que no se resuelven solamente con despliegue.
Ahí está la densidad de la palabra “militarización”. No funciona como un simple rótulo. Funciona como una alarma. Por eso el poder intenta desactivarla. Decir “no es militarización” busca ordenar la interpretación pública antes de que la imagen haga su propio trabajo.
El problema es que las imágenes también hablan.
Un blindado en un barrio no dice lo mismo que una política social, una investigación criminal sostenida, una fiscalía fortalecida, una escuela abierta o una comisaría de cercanía. Puede ser parte de una respuesta excepcional frente a riesgos concretos, pero su presencia modifica el paisaje democrático. Introduce una estética de conflicto. Y en política, la estética también construye sentido.
La pregunta no debería ser únicamente si la medida encaja o no en una definición estricta de militarización. La pregunta más incómoda es otra: ¿qué tipo de Estado se está imaginando para enfrentar la violencia?
Un Estado que protege no es lo mismo que un Estado que ocupa. Un Estado que llega no es lo mismo que un Estado que irrumpe. Un Estado que cuida a sus funcionarios no es lo mismo que un Estado que convierte barrios enteros en escenarios de excepcionalidad permanente.
La seguridad pública exige respuestas. Negarlo sería irresponsable. También sería injusto con quienes viven bajo la presión cotidiana del delito y con los policías que trabajan en condiciones de riesgo. Pero reconocer la gravedad del problema no obliga a aceptar sin preguntas cualquier forma de respuesta estatal.
En Uruguay, además, las palabras vinculadas a lo militar no son neutras. Tienen una resonancia histórica evidente. La referencia al viejo titular de Marcha, “No es dictadura”, puede servir apenas como recordatorio de algo más amplio: a veces la disputa política empieza por el nombre que se le permite —o no— a una realidad. Aquel titular apareció tras el golpe de Estado de 1973, en una edición que aludía también a restricciones a la libertad de prensa.
Pero el eje hoy no es comparar épocas. El eje es entender cómo opera el lenguaje.
Cuando una autoridad dice “no es militarización”, no está cerrando el debate: lo está abriendo. Porque si no lo es, corresponde explicar con precisión qué es. ¿Es apoyo logístico? ¿Es cooperación interministerial? ¿Es presencia militar indirecta? ¿Es una medida excepcional? ¿Tiene plazo? ¿Tiene límites territoriales? ¿Tendrá evaluación pública? ¿Qué controles políticos e institucionales la acompañan?
Las democracias no se defienden solamente con buenas intenciones. Se defienden con límites claros. Y los límites empiezan por el lenguaje.
Nombrar no es exagerar. Nombrar es discutir. Y discutir el alcance de la palabra “militarización” no significa desconocer la inseguridad ni negar el derecho del Estado a actuar. Significa recordar que, en democracia, la forma de actuar importa tanto como el objetivo declarado.
Porque hay palabras que el poder prefiere evitar. Y justamente por eso, el periodismo debe detenerse en ellas.
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