La Estrategia Nacional de Desarrollo que impulsan la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) comienza a mostrar una orientación definida: Uruguay necesita aumentar su productividad, pero no solamente mediante la creación de nuevas tecnologías o el crecimiento de las empresas más avanzadas. El objetivo planteado es que las mejoras lleguen también a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores y a los territorios que permanecen alejados de los principales centros de innovación.
Ese enfoque fue presentado durante el segundo seminario temático de la estrategia, dedicado a los desafíos y las oportunidades de la productividad. La actividad reunió a representantes del Gobierno, organismos internacionales, empresas, sindicatos y academia, y tomó como insumo una consultoría elaborada por PwC.
El estudio no constituye todavía la Estrategia Nacional de Desarrollo completa. Es un documento técnico centrado en una de sus tres áreas: productividad. Las otras dos son competitividad y sostenibilidad. Esa delimitación resulta importante para entender tanto los aportes como las ausencias de la presentación.
Una estrategia orientada a cerrar brechas
La principal conclusión del informe es que Uruguay no carece por completo de empresas productivas, tecnologías o instrumentos públicos. El problema estaría en la limitada adopción de esas herramientas y en la dificultad para difundir las mejoras desde las empresas más avanzadas hacia el resto del tejido productivo.
La presentación organiza el análisis en tres niveles. En el plano general observa la productividad del país; en el nivel intermedio estudia si las mejoras se transfieren entre empresas y sectores; y en el nivel empresarial analiza la capacidad de cada organización para incorporar tecnología, mejorar su gestión y transformar sus procesos.
Esta forma de abordar el tema modifica la pregunta habitual. En lugar de limitarse a señalar que la productividad uruguaya es baja, busca explicar por qué muchas empresas no logran adoptar soluciones que ya existen.
El diagnóstico encuentra una economía con diferencias persistentes. El valor agregado por trabajador de las grandes empresas equivale a cuatro veces el de las pequeñas y a más del doble del registrado en las medianas. Entre 2008 y 2022, además, las empresas grandes aumentaron su ventaja. Dentro de un mismo sector, las firmas ubicadas entre las más productivas pueden alcanzar niveles nueve veces superiores a los de las menos productivas.
La estrategia apunta, por tanto, a evitar que el crecimiento quede concentrado en un grupo reducido de empresas.
El territorio aparece como una dimensión central
El informe también advierte que las oportunidades productivas están distribuidas de manera desigual. Montevideo concentra el 49,1% del valor agregado nacional y recibió el 79% de los subsidios a la innovación otorgados por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación entre 2008 y 2024. Solo el 5% llegó al territorio situado al norte del río Negro.
Las diferencias también aparecen en la informalidad: mientras en Montevideo alcanza el 13,9%, en Artigas llega al 43%.
Esta mirada territorial es uno de los elementos relevantes de la propuesta. El documento reconoce que una política nacional que ofrezca los mismos instrumentos en todo el país no necesariamente produce resultados iguales. Las empresas de los departamentos más alejados de Montevideo pueden enfrentar mayores dificultades para acceder a capacitación, financiamiento, personal especializado, centros tecnológicos y redes de innovación.
Sin embargo, el diagnóstico territorial todavía se presenta principalmente como una comparación entre Montevideo y el resto del país. Falta conocer qué actividades, capacidades y problemas específicos existen en cada región. Para departamentos como Colonia, por ejemplo, será necesario analizar de qué manera se vinculan la industria, el agro, el turismo, la logística, los servicios y la formación laboral.
Educación, gestión y tecnología
La estrategia atribuye especial importancia a las capacidades humanas. Según los datos incluidos en la presentación, el 57% de los estudiantes no alcanza las competencias básicas en matemática y el 41,7% de las empresas identifica la formación de la fuerza laboral como una restricción.
El planteo no reduce el problema a la educación formal. También señala debilidades en la gestión, el liderazgo, la planificación, la organización del trabajo y la capacidad de las empresas para incorporar cambios tecnológicos.
La inteligencia artificial ocupa un lugar destacado. Aunque el 73,1% de las pequeñas y medianas industrias conoce esta tecnología, solo el 11,5% la utiliza. El estudio advierte que su difusión podría aumentar la producción, pero también profundizar las desigualdades si los empleos, las capacidades y la propiedad del capital continúan concentrados en los hogares de mayores ingresos y en Montevideo.
El énfasis, por lo tanto, no está puesto únicamente en comprar equipos o programas. La propuesta sostiene que las empresas necesitan asistencia técnica, capacitación y cambios organizativos para aprovechar esas herramientas.
Las nueve líneas de transformación
El documento plantea nueve posibles líneas de trabajo: extensionismo tecnológico y de gestión; adopción digital en pequeñas y medianas empresas; formación y reconversión laboral; movilidad de trabajadores; formalización productiva; articulación entre ciencia y empresas; incorporación de inteligencia artificial; difusión de mejores prácticas y simplificación de regulaciones.
El extensionismo constituye un ejemplo del enfoque general. La idea es que especialistas ingresen a las empresas, realicen diagnósticos y acompañen cambios concretos mediante asistencia técnica, mentorías y comparación con otras firmas del sector.
La estrategia parece orientarse menos a seleccionar unas pocas actividades consideradas ganadoras y más a elevar las capacidades del conjunto empresarial. En ese sentido, presenta una política de difusión antes que una política de grandes proyectos.
Esa elección tiene una ventaja: reconoce que el crecimiento agregado no depende solamente de atraer inversiones o de contar con empresas de alto rendimiento, sino también de mejorar la productividad de miles de unidades pequeñas y medianas.
Pero también abre una pregunta: ¿alcanza con difundir mejores prácticas o Uruguay deberá definir sectores estratégicos en los que concentrará recursos, conocimiento e infraestructura?
Lo que todavía no aparece
La presentación ofrece un diagnóstico amplio, pero no desarrolla varios aspectos necesarios para convertirlo en una estrategia aplicable.
El primero es el financiamiento. No se informa cuánto costarían las nueve líneas propuestas, qué organismos aportarían los recursos ni cómo se distribuirían entre empresas, trabajadores y territorios.
El segundo es la responsabilidad institucional. El informe identifica un ecosistema fragmentado, pero todavía no define qué organismo coordinará la ejecución, qué competencias tendrá y cómo evitará la superposición de programas públicos.
El tercero es la priorización. Las nueve líneas aparecen como un portafolio, aunque no se establece cuáles deberían comenzar primero, en qué sectores o departamentos, ni qué plazo tendría cada intervención.
Tampoco se profundiza en los posibles costos de la transformación. La adopción tecnológica puede mejorar la producción, pero también modificar puestos de trabajo, desplazar tareas y aumentar las diferencias salariales. La presentación menciona la reconversión laboral y el riesgo distributivo de la inteligencia artificial, pero no precisa qué protección recibirán quienes pierdan empleos o ingresos durante el proceso.
La sostenibilidad ambiental queda fuera del análisis porque pertenece a otra área de la estrategia. Sin embargo, productividad y ambiente no pueden evaluarse completamente por separado. Una actividad puede producir más con menos trabajo y, al mismo tiempo, aumentar el uso de agua, energía o suelo. La estrategia final deberá explicar cómo se resolverán esas tensiones.
También aparece de forma limitada la discusión sobre la demanda. Mejorar la capacidad de producir no garantiza que las empresas encuentren mercados para colocar sus bienes y servicios. El acceso a compradores, las exportaciones, la competencia externa y los acuerdos comerciales deberán integrarse posteriormente con el área de competitividad. La propia consulta señaló que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no fue percibido por los entrevistados como un factor relevante para la productividad, un resultado que merece mayor análisis.
Por qué falta ese análisis
Las ausencias no necesariamente significan que esos temas hayan sido descartados. El documento de PwC fue encargado como un insumo técnico y no como una estrategia terminada. Su función es diagnosticar el área de productividad y proponer líneas para la deliberación entre el Estado, los trabajadores, las empresas y la academia.
Esa explicación metodológica es válida, pero no elimina la necesidad de completar el análisis. Una estrategia nacional no puede limitarse a identificar problemas y enumerar instrumentos. Debe ordenar prioridades, determinar responsabilidades, estimar costos, establecer plazos y anticipar quiénes pueden beneficiarse o quedar relegados.
La productividad aparece en el discurso oficial como una condición para sostener el crecimiento y mejorar el nivel de vida. El director de la OPP, Rodrigo Arim, sostuvo que las mejoras deberán acompañarse con políticas de educación, salud, empleo y protección social.
La afirmación incorpora una dimensión social, pero todavía debe traducirse en mecanismos concretos. El aumento de la productividad no distribuye sus beneficios de manera automática. Puede elevar salarios y generar mejores empleos, pero también puede aumentar ganancias sin mejorar los ingresos laborales o concentrar las oportunidades en determinadas empresas y territorios.
Una hoja de ruta todavía en construcción
El aporte central del informe es señalar que Uruguay no enfrenta únicamente una brecha frente a los países más productivos. También tiene brechas internas: entre empresas grandes y pequeñas, entre organizaciones innovadoras y rezagadas, y entre Montevideo y otros departamentos.
La estrategia parece apuntar a reducir esas distancias mediante capacitación, asistencia empresarial, digitalización, formalización y coordinación institucional. El planteo reconoce que el país dispone de conocimientos y herramientas, pero no logra convertirlos en mejoras extendidas.
El próximo paso deberá responder cómo se llevará ese diagnóstico a la práctica. La diferencia entre un estudio técnico y una estrategia nacional estará en la capacidad de elegir prioridades, asignar recursos y medir resultados.
Sin esas definiciones, la productividad seguirá siendo un objetivo compartido, pero todavía abstracto. Con ellas, podría convertirse en una política capaz de vincular crecimiento, empleo, equilibrio territorial y bienestar social.
Comentarios