Por Elio García
En Carmelo no faltan noticias sobre los problemas de la ciudad. Se conocen las dificultades de la recolección de residuos, el deterioro de algunos espacios públicos, los reclamos por el tránsito, los episodios de inseguridad, el destino incierto del Hotel Casino y la demora de proyectos considerados estratégicos. Todo aparece en conversaciones, reuniones, publicaciones periodísticas y redes sociales. Sin embargo, conocer una situación no significa necesariamente actuar sobre ella.
Ahí puede encontrarse una clave para interpretar el presente de la ciudad.
En Desentendimiento, la filósofa eslovena Alenka Zupančič analiza una conducta que no consiste en negar la realidad, sino en reconocerla y continuar como si ese conocimiento no obligara a modificar nada. La fórmula que toma del psicoanalista Octave Mannoni es sencilla: “ya lo sé, pero aun así…”. El saber, en lugar de impulsar una respuesta, puede convertirse en una coartada para suspenderla.
Aplicada a Carmelo, la idea resulta incómoda porque permite observar que la ciudad no vive necesariamente bajo el silencio. Por el contrario, habla mucho. Lo que falta es relacionar los hechos, reconocer responsabilidades y transformar la conversación en continuidad ciudadana.
Carmelo sabe, por ejemplo, que produce alrededor de 26.000 kilos diarios de residuos domiciliarios. Los lunes la recolección supera los 39.000 kilos. También sabe que esos números no incluyen ramas, muebles, chatarra, escombros y otros materiales levantados por servicios especiales.
Pero el problema de los residuos suele reaparecer únicamente cuando un camión se rompe, una cuadra queda sin servicio o un contenedor desborda. Entonces surge la queja inmediata. Después, cuando el servicio se normaliza, desaparece la discusión sobre cuánto se consume, cómo se descarta, quién ensucia, qué capacidad tiene el sistema y cuánto cuesta mantenerlo.
Durante 2026 fueron incendiados al menos 12 contenedores en Carmelo. Algunos estaban ubicados en lugares donde los daños se repitieron. Mientras tanto, vecinos de diferentes zonas reclamaron nuevas unidades o la reposición de las destruidas.
La contradicción es evidente. Una parte de la ciudad reclama mejores servicios mientras otra destruye los mismos bienes públicos que después deben ser sustituidos con recursos colectivos. El desentendimiento aparece cuando se reconoce que quemar un contenedor perjudica al barrio entero, pero se trata el episodio como una anécdota, una travesura o un problema que únicamente debe resolver el Municipio.
Algo parecido ocurre con el tránsito y la seguridad. En diciembre de 2025, una concurrida reunión vecinal expuso preocupación por robos, picadas de motos y circulación peligrosa. Las autoridades policiales reconocieron que la cantidad de funcionarios era insuficiente para aumentar la presencia en las calles. Al finalizar la instancia no trascendieron compromisos concretos ni una nueva agenda de seguimiento.
La ciudad conoció el problema, escuchó las limitaciones y expresó su malestar. Sin embargo, no quedó instalada públicamente una metodología que permitiera saber qué medidas se aplicarían, quién las evaluaría, en qué plazo y con qué resultados. La reunión funcionó como descarga, pero no necesariamente como proceso.
Eso también es desentendimiento.
No porque los vecinos sean indiferentes ni porque las autoridades ignoren el asunto. Se trata de algo más complejo: cada actor reconoce una parte del problema, pero espera que la modificación principal provenga de otro. El ciudadano reclama controles. La Policía señala la falta de recursos. El gobierno local recuerda que determinadas competencias son departamentales o nacionales. Las instituciones explican sus límites. Cada explicación puede ser válida y, aun así, el problema permanece.
El Hotel Casino constituye probablemente el símbolo más visible de esa lógica. Su deterioro es conocido desde hace años. Su valor histórico, turístico, urbano y emocional aparece reiteradamente en el discurso público. Hubo llamados, reuniones, propuestas y expedientes. En julio de 2026 se informó que el trámite había pasado a consulta de la Intendencia de Colonia, aunque todavía no existía una resolución, una aprobación ni una reapertura definida.
Nadie puede sostener que Carmelo desconoce la situación. La ciudad sabe lo que representa el edificio, conoce su abandono y comprende lo que perdió con su cierre. Sin embargo, el inmueble comienza a integrarse al paisaje como si su decadencia fuera natural. Se lo señala, se lo fotografía, se lo recuerda y luego se sigue caminando.
El riesgo no consiste solamente en perder un edificio. Consiste en acostumbrarse a que los asuntos estratégicos permanezcan indefinidamente en trámite.
La misma fragmentación puede observarse en la agenda municipal. Los órdenes del día reúnen pedidos de contenedores, focos, apertura de calles, baños, espacios públicos, observaciones administrativas, propuestas culturales y reclamos barriales. Son asuntos reales y necesarios, pero su acumulación muestra un gobierno local obligado a administrar urgencias pequeñas mientras intenta intervenir en problemas estructurales.
La política queda atrapada entre el expediente y la emergencia. La ciudadanía, por su parte, suele vincularse con las instituciones a partir de una necesidad puntual: la luz que falta, el pozo frente a la casa, el contenedor distante o el árbol que debe podarse. Una vez atendida —o abandonada— esa demanda, se debilita la participación.
Así se construye una ciudad que conoce sus dificultades, pero las procesa de manera aislada.
No obstante, sería injusto presentar a Carmelo como una comunidad paralizada. Existen organizaciones sociales, comisiones barriales, instituciones culturales, proyectos ambientales y vecinos que reclaman, trabajan y sostienen espacios colectivos. También existen obras anunciadas o en proceso: la intervención del acceso norte, la instalación de semáforos y el proyecto de la rambla del arroyo de las Vacas forman parte de la agenda actual.
La cuestión no es negar esos avances. Es preguntarse si forman parte de una visión compartida de ciudad o si continuarán siendo anuncios, intervenciones y reclamos desconectados.
Carmelo tiene una particularidad: por su escala, casi todo parece cercano. Se conoce al comerciante, al funcionario, al concejal, al policía, al vecino que reclama y muchas veces también a quien incumple. Esa proximidad podría facilitar la responsabilidad colectiva. Pero también puede producir el efecto contrario: evitar la discusión para no incomodar, convertir los problemas públicos en conversaciones privadas y sustituir la crítica institucional por el comentario personal.
Se sabe quién arroja residuos fuera de hora, pero no se denuncia. Se sabe dónde circulan motos en condiciones irregulares, pero se considera inevitable. Se sabe que algunos espacios se deterioran, pero se espera que una autoridad los recupere. Se sabe que existen proyectos demorados, pero rara vez se mantiene una exigencia organizada durante meses o años.
“Ya lo sé, pero aun así”.
Tal vez eso sea lo que nadie está nombrando. Carmelo no padece solamente determinados problemas urbanos. Padece la naturalización de su permanencia.
La salida no requiere una movilización permanente ni supone responsabilizar exclusivamente al ciudadano. Las instituciones deben informar mejor, establecer plazos, publicar resultados y permitir el seguimiento de sus compromisos. Pero la comunidad también debe superar una participación basada únicamente en el reclamo ocasional.
Una ciudad comienza a cambiar cuando el conocimiento produce consecuencias: cuando una reunión termina con responsables y fechas; cuando un anuncio puede ser evaluado; cuando el daño a un bien público genera rechazo social; cuando un proyecto estratégico no desaparece de la agenda; cuando la ciudadanía deja de considerar que lo común pertenece siempre a otro.
El problema de Carmelo no es que nadie hable.
El problema es que la ciudad ha aprendido a hablar de todo sin que necesariamente cambie algo.
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