El Sindicato de personas trabajadoras de Ceibal emitió un comunicado en el que denuncia una serie de irregularidades y deterioro en las condiciones laborales del equipo técnico del Programa Ibirapitá, tras su traspaso a la órbita del Banco de Previsión Social (BPS) en el año 2020. Según advierten, el pasaje implicó una “gran precarización laboral”, con pérdida de derechos, inestabilidad y una reestructuración que derivó en la eliminación de 31 puestos de trabajo.
En el documento, fechado en julio de 2025, los trabajadores aseguran que desde la incorporación del programa al BPS han experimentado una disminución de recursos y un aumento significativo en la carga de trabajo, afectando el desempeño habitual y la atención a las personas mayores, principales beneficiarias del plan.
Además, señalaron que el Programa Ibirapitá se encuentra actualmente en proceso de revisión por parte de las autoridades del BPS y que, hasta el momento, no han recibido comunicaciones oficiales que garanticen su continuidad ni la del equipo que lo implementa en territorio. Esta falta de información genera —según el sindicato— “profunda preocupación y vulnerabilidad” tanto en los trabajadores como en la población usuaria.
El sindicato también subraya que el debilitamiento del programa compromete una política pública dirigida a la inclusión digital de las personas mayores, un componente central para el ejercicio de sus derechos. En este sentido, reivindican la continuidad del Ibirapitá no solo como defensa de sus fuentes laborales, sino como parte de una política de Estado que promueve la autonomía, la participación y el acceso a la información de los adultos mayores.
En su declaración, los trabajadores cuestionaron la actuación del BPS, institución que —señalan— ha limitado el desarrollo del programa que antes prometía fortalecer, y criticaron el silencio del Centro Ceibal, actor central en la creación del Ibirapitá, al que acusan de desentenderse del proceso.
El sindicato exige al BPS respuestas “claras y urgentes” sobre el futuro del programa y la regularización de la situación laboral del equipo técnico, que desde hace cinco años se desempeña, según indican, en condiciones irregulares.
Finalmente, hacen un llamado a las instituciones, colectivos y a la sociedad en general a respaldar su reclamo por la continuidad del Programa Ibirapitá y por el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.
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