La conferencia de prensa encabezada por el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, y el fiscal departamental de Rosario, Hugo Pereira, no solo informó la condena de dos funcionarios policiales. También buscó ordenar públicamente el sentido institucional de un caso especialmente sensible: policías investigados por el daño a una automotora y por el posterior intento de rapiña a un local de redes de cobranza en la ciudad de Rosario.
El mensaje de Costa fue directo y categórico. “Los corruptos no tienen lugar en la Policía”, afirmó. La frase funcionó como eje político-institucional de su intervención. El jefe policial no presentó el caso como un hecho aislado únicamente judicial, sino como una situación que compromete la confianza pública en la institución. Por eso remarcó que, cuando se detectan este tipo de conductas, la propia Policía actúa “dentro de la legalidad, los derechos humanos y las leyes vigentes”.
Esa aclaración no es menor. Costa intentó marcar una línea entre firmeza y arbitrariedad. Su mensaje buscó transmitir que la institución no encubre, pero tampoco actúa por fuera del procedimiento. En ese marco, habló de formalización, condena y eventual destitución de los involucrados, aunque también quedó claro que los procesos administrativos tienen sus tiempos y que uno de los funcionarios permanecía sometido a sumario.
La mirada de Fiscalía
El fiscal Pereira, en cambio, puso el foco en el proceso penal. Subrayó que ambos imputados contaron con defensa letrada desde el primer momento, que sus abogados accedieron a la carpeta investigativa y que las propias defensas propusieron tramitar el caso mediante proceso abreviado. Eso implica un punto central: los condenados aceptaron los hechos y la pena solicitada, luego homologada por la sede judicial.
La condena fue de 16 meses y 15 días de prisión efectiva para cada uno, además del decomiso de los vehículos y teléfonos celulares utilizados en la comisión de los delitos. Pereira precisó que la calidad de funcionarios policiales fue considerada, pero que la pena se aplicó dentro de los márgenes legales correspondientes a una tentativa de rapiña especialmente agravada.
Uno de los momentos más relevantes de la conferencia apareció cuando se preguntó si la pena podía resultar insuficiente para la expectativa social. La respuesta del fiscal fue estrictamente jurídica: la sanción fue controlada por los defensores, aceptada por los imputados y dictada por una jueza de garantías. Allí quedó expuesta una tensión habitual en casos de alto impacto público: la distancia entre lo que una parte de la sociedad puede esperar como castigo ejemplar y lo que el sistema penal permite acordar y resolver dentro de la ley.
También se aclaró que el artefacto colocado en la automotora, según informes técnicos, no iba a explotar. Pereira lo describió como un intento de generar distracción más que como un dispositivo con capacidad explosiva real. Ese dato ayuda a dimensionar técnicamente uno de los episodios investigados, sin quitar gravedad al conjunto de los hechos.
La conferencia mostró dos planos complementarios. La Policía habló hacia adentro y hacia afuera: hacia adentro, para reafirmar que la pertenencia institucional no protege a quien comete delitos; hacia afuera, para pedir tranquilidad a la comunidad y sostener que la Jefatura de Colonia trabaja junto a Fiscalía y el Poder Judicial. Fiscalía, por su parte, explicó cómo se llegó a la condena y por qué el resultado judicial debe leerse dentro de un marco procesal concreto.
Lo que denota el mensaje de las autoridades es una preocupación doble. Por un lado, resolver penalmente un caso grave. Por otro, contener el daño institucional que provoca que los acusados sean policías. En delitos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el problema no termina en la pena: alcanza la credibilidad del uniforme, los controles internos y la capacidad del Estado para sancionar a los suyos.
Por eso la frase más fuerte de la conferencia no fue solo una definición moral. Fue una señal de control institucional: la Policía necesitó decir públicamente que no hay lugar para corruptos en sus filas, y Fiscalía necesitó explicar que incluso en un caso así la respuesta debe respetar garantías, pruebas, defensas y sentencia judicial. Entre esos dos mensajes se ubica el núcleo del caso Rosario: la condena penal de dos funcionarios y la búsqueda de una respuesta pública ante una fractura de confianza.
( * ) Para analizar la conferencia de prensa recurrimos a insumos de Canal 3 de Colonia, Semanario Helvecia y Radiolugares.
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