La Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay recibió en 2025 un total de 1.086 reportes de operaciones sospechosas e investigaciones de oficio, la cifra más alta desde que existe la obligación de informar operaciones inusuales o sospechosas. El dato representa un aumento de 12% respecto a 2024, según la memoria anual del organismo.
El informe también registra un crecimiento de los pedidos de información enviados por la Justicia. En 2025 fueron 144, frente a los 108 del año anterior, lo que supone un incremento de 33%. En total, entre reportes, investigaciones de oficio y pedidos de información nacionales y del exterior, la unidad tramitó 1.268 casos, 13% más que en 2024.
El documento no presenta información por departamento. Por lo tanto, no permite establecer cuántos reportes corresponden a Colonia ni identificar casos locales. Sin embargo, sus datos sí ofrecen una lectura relevante para territorios con actividad inmobiliaria, financiera, turística o vinculada a zonas francas, sectores que forman parte del entramado económico del departamento.
Qué es un reporte sospechoso
Un reporte de operación sospechosa no equivale a un delito probado. Es una comunicación realizada por sujetos obligados cuando detectan operaciones inusuales o con posibles señales de riesgo.
Según el informe, esa información da inicio a un proceso de inteligencia financiera cuyo objetivo es confirmar o descartar indicios de lavado de activos, delitos precedentes, financiación del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva.
La precisión es importante: el aumento de reportes puede reflejar más operaciones bajo análisis, pero también una mayor capacidad de detección, más controles o una mayor percepción del riesgo por parte de quienes están obligados a informar.
Los bancos siguen concentrando la mayoría de los reportes
El sector financiero continúa siendo el principal origen de los reportes. En 2025 presentó 973 comunicaciones, 11% más que en 2024. Dentro de ese grupo, los bancos concentraron la mayor parte, con 765 reportes.
También crecieron los reportes de emisores de dinero electrónico, que pasaron de 110 en 2024 a 118 en 2025. El informe señala que los bancos y las instituciones emisoras de dinero electrónico representan casi el 91% de los reportes del sector financiero en el último año.
El sector no financiero gana peso
Uno de los datos más relevantes del informe es el crecimiento del sector no financiero. En 2025 presentó 107 reportes, frente a los 84 de 2024, lo que implica un aumento de 27%.
Dentro de ese grupo, los escribanos pasaron de 18 reportes en 2024 a 37 en 2025. Las inmobiliarias, promotores inmobiliarios y constructoras aumentaron de 8 a 15. Los casinos mantuvieron 22 reportes, mientras que los explotadores y usuarios de zonas francas registraron 13.
El propio documento destaca que los reportes del sector no financiero vinculados al negocio inmobiliario —escribanos, inmobiliarias, promotores y constructoras— explican casi la totalidad del crecimiento de ese sector respecto al año anterior.
La actividad inmobiliaria aparece como área de atención
La memoria de la Unidad de Información y Análisis Financiero sostiene que el aumento de reportes en actividades vinculadas al negocio inmobiliario es consistente con la identificación de ese sector como una de las áreas de mayor riesgo en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos realizada en 2022.
Ese punto tiene interés para departamentos con dinamismo inmobiliario y turístico. En el caso de Colonia, el informe no aporta datos locales, pero la presencia de compraventas, construcción, servicios profesionales, actividad turística y zonas francas vuelve pertinente observar cómo evolucionan los controles nacionales sobre esos sectores.
La lectura debe ser cuidadosa: el informe no afirma que exista un aumento de delitos en Colonia ni en ninguna zona del país. Lo que muestra es una mayor cantidad de reportes en rubros donde se manejan bienes de alto valor, operaciones complejas o movimientos de fondos que pueden requerir análisis reforzado.
Ocho casos fueron enviados a la Fiscalía
Durante 2025, a partir de los reportes recibidos, investigaciones de oficio y análisis complementarios, la unidad puso en conocimiento de las fiscalías información vinculada a ocho casos en los que detectó indicios de posibles conexiones con actividades delictivas. Esos casos involucraron información contenida en 13 reportes de operaciones sospechosas.
Además, al amparo de la Ley 19.574, la unidad adoptó una resolución para impedir durante 72 horas la realización de operaciones sospechosas que involucraban fondos cuyo origen podía estar vinculado a delitos precedentes del lavado de activos. En ese marco, inmovilizó preventivamente un monto de 160.000 dólares.
Más pedidos de cooperación judicial
El informe también muestra una mayor demanda de información desde el sistema judicial. Las solicitudes de cooperación o asesoramiento recibidas de autoridades judiciales uruguayas pasaron de 108 en 2024 a 144 en 2025.
Esas actuaciones pueden incluir asesoramiento técnico, búsqueda y análisis de información financiera de personas o empresas, identificación de vínculos con otros organismos nacionales y participación en investigaciones relacionadas con lavado de activos y delitos precedentes.
Movimientos de dinero por frontera
Otro capítulo del informe refiere a las declaraciones de entrada y salida de valores a través de frontera. En 2025, las instituciones financieras realizaron declaraciones por un monto equivalente a 1.655 millones de dólares, sin considerar situaciones especiales previstas en la normativa.
La mayor parte correspondió a efectivo. En las entradas de dinero, el dólar estadounidense representó el 71%, seguido por el euro, con 16%, y el peso uruguayo, con 11%. En las salidas, el dólar representó el 81%, el real brasileño el 18% y el peso uruguayo el 1%.
Tampoco en este punto el documento discrimina información por departamento o por paso de frontera, por lo que no permite atribuir esos movimientos a una zona específica.
Un informe para leer como mapa de riesgos
La memoria anual de la Unidad de Información y Análisis Financiero no es un registro de condenas ni un mapa departamental de delitos. Es, sobre todo, una radiografía de los reportes, pedidos de información y sectores que el sistema antilavado observa con mayor atención.
Su principal señal en 2025 es doble: por un lado, el país alcanzó un récord de reportes sospechosos; por otro, creció el peso de sectores no financieros, especialmente los vinculados al negocio inmobiliario.
Para departamentos como Colonia, donde conviven actividad turística, operaciones inmobiliarias, servicios profesionales y zonas francas, el informe no permite extraer conclusiones locales cerradas. Sí marca una agenda de interés público: más transparencia, mejores controles y mayor capacidad de detección en actividades económicas donde el riesgo financiero exige vigilancia permanente.
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