La situación de las policlínicas policiales del departamento de Colonia llegó al sistema político con un planteo dirigido a la diputada Nibia Reich (PC) . En una nota fechada en Carmelo el 3 de noviembre de 2025, las presidencias de la Asociación de Funcionarios Policiales de Colonia y de la Asociación de Retirados Policiales Oeste Colonia solicitaron que la legisladora tomara conocimiento del caso y que, por su intermedio, lo trasladara a los demás representantes departamentales.
El documento reúne una secuencia de reclamos administrativos que comenzó en 2017 y que, según las asociaciones firmantes, aún no tuvo una respuesta de fondo. El planteo central refiere a la policlínica policial de Carmelo, donde el servicio odontológico fue suspendido a mediados de setiembre de 2017. A partir de ese cierre, las organizaciones elevaron notas ante la Dirección Nacional de Sanidad Policial, la Dirección Nacional de Asuntos Sociales, la Jefatura de Policía de Colonia y sucesivas autoridades nacionales del área sanitaria policial.
La primera gestión formal incorporada al expediente fue enviada el 31 de octubre de 2017. En esa nota se advirtió que la policlínica de Carmelo llevaba más de un mes sin atención odontológica y se pidió el restablecimiento del servicio. La explicación administrativa recogida en el documento señalaba dificultades para cubrir los traslados de la profesional que atendía en Carmelo, debido a que la Jefatura de Policía de Colonia habría dejado de asumir los pasajes y Sanidad Policial no contaría con rubros para solventarlos.
Las asociaciones cuestionaron ese argumento. Señalaron que los funcionarios aportan a Sanidad Policial mediante descuentos salariales y del servicio 222, y sostuvieron que el costo del traslado de una profesional no podía justificar la interrupción de un servicio por el que activos y retirados continúan aportando.
El reclamo fue reiterado el 24 de junio de 2019 ante la Dirección Nacional de Sanidad Policial. En esa presentación se volvió a pedir la restitución de la atención odontológica en Carmelo y se agregó otro planteo: la posibilidad de incorporar atención pediátrica algunos días en la policlínica local.
El expediente administrativo citado en el documento fue formado en 2018. Sin embargo, según la cronología presentada por las asociaciones, recién en agosto de 2020 se notificaron actuaciones vinculadas al caso. Luego se realizaron contestaciones de vista en setiembre de 2020 y enero de 2021, cuando se incorporó un informe del Departamento de Odontología y una planilla de productividad.
Uno de los puntos de discusión fue la cantidad de usuarios atendidos antes de la suspensión del servicio. La documentación menciona una planilla con un promedio de nueve usuarios por mes entre enero y junio de 2017. Las asociaciones no centraron su respuesta en negar ese dato, sino en discutir su alcance. Plantearon que la baja concurrencia podía responder a problemas de acceso, falta de difusión, necesidad de resolver patologías en prestadores privados o deficiencias en la gestión del servicio. Según ese razonamiento, si había baja productividad, la respuesta institucional debió ser mejorar la atención y no suprimirla.
El problema expuesto no se limita a Carmelo ni al área odontológica. El documento describe carencias en las policlínicas policiales de Colonia, Carmelo y Nueva Helvecia. Para Carmelo se mencionan la falta de enfermería, la suspensión del servicio odontológico, problemas edilicios, necesidades de mantenimiento, carencia de equipamiento e insumos. Para Nueva Helvecia se señala que solo cuenta con odontología y no con atención médica. En Colonia, en cambio, se concentra una mayor cantidad de recursos sanitarios.
Esa distribución desigual de servicios aparece como una de las dimensiones del reclamo. Las asociaciones sostienen que usuarios de distintas localidades deben trasladarse para recibir atención, con costos adicionales que no siempre son considerados por la administración. En el caso de Nueva Helvecia, el documento afirma que se planteó incorporar atención médica en la policlínica local, pero la respuesta recibida fue que los usuarios podían concurrir a Colonia, pese a la distancia.
La cronología también incluye reuniones con autoridades nacionales de Sanidad Policial. En 2022, según el documento, se abordó la situación económica del Hospital Policial y se mencionó el destino de recursos de Sanidad Policial para la atención de personas privadas de libertad. Las asociaciones vinculan ese punto con una preocupación más amplia: el uso de los aportes de funcionarios activos y retirados, y la calidad de las prestaciones que reciben en el departamento.
Después de esa instancia, las organizaciones solicitaron una reunión para obtener respuestas al expediente y presentar propuestas. Según el relato incorporado al documento, se habló del posible restablecimiento de servicios, del reacondicionamiento del edificio de la policlínica de Carmelo, de la instalación de equipamiento, de la incorporación de herramientas para trámites e historia clínica digital, y de la necesidad de coordinar mano de obra con la Jefatura de Policía de Colonia.
Ese proceso tampoco derivó en una solución definitiva. El documento afirma que la Jefatura de Policía de Colonia respondió que no podía aportar mano de obra porque tenía trabajos pendientes, aunque solicitó a la asociación una nómina de socios que pudieran colaborar. Esa información fue elevada en febrero de 2023.
En diciembre de 2023 hubo una nueva audiencia con autoridades de Sanidad Policial. Según las asociaciones, se informó que todo quedaba sujeto a la refacción del edificio y al restablecimiento de los servicios. También se planteó agregar atención médica en Nueva Helvecia, pero la respuesta fue que, por la cercanía relativa con Colonia, los usuarios podían trasladarse hasta esa ciudad.
El 1º de agosto de 2024, ante la falta de respuesta a una reconsideración, las asociaciones presentaron una nueva nota. En esa instancia solicitaron una contestación al expediente, pidieron que se cumpliera lo conversado con autoridades anteriores y otorgaron un plazo de 90 días antes de iniciar acciones legales. En ese escrito estimaron que los aportes del 4% de funcionarios activos y retirados de la Zona III —que incluye Ombúes de Lavalle, Conchillas, Carmelo, Nueva Palmira, Polancos y El Cerro— ascenderían a entre US$ 200.000 y US$ 225.000 anuales.
La nota enviada a la diputada Reich en noviembre de 2025 sostiene que hasta ese momento no hubo respuesta a la presentación anterior. También indica que las medidas legales permanecían suspendidas, mientras las asociaciones esperaban poder abordar el tema en conjunto con los representantes políticos del departamento.
La dimensión del caso, según surge del expediente, excede la falta de un servicio odontológico. Lo que las asociaciones colocan sobre la mesa es una discusión sobre acceso territorial a la salud policial, mantenimiento de policlínicas, distribución de recursos, disponibilidad de personal, uso de aportes obligatorios y capacidad de respuesta administrativa.
El documento no incorpora una resolución final de Sanidad Policial ni una respuesta posterior de la diputada Reich. Sí deja establecida una línea temporal: desde la suspensión del servicio odontológico en Carmelo, en 2017, hasta la elevación del reclamo al sistema político departamental, en noviembre de 2025, pasaron ocho años de gestiones, notas, expedientes, audiencias y respuestas parciales. La situación de la policlínica policial de Carmelo quedó así presentada como parte de un problema más amplio en la atención sanitaria policial del departamento de Colonia.
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