La concesión de la hidrovía Paraguay-Paraná volvió a instalarse como un tema de preocupación regional. El gobierno argentino avanza en una licitación internacional para adjudicar, por 25 años, las tareas de modernización, dragado y balizamiento de la vía navegable, una infraestructura clave para el comercio fluvial del Cono Sur.
Según informó El Observador, tras la apertura de ofertas quedaron en carrera dos empresas belgas: Jan De Nul y Dredging, Environment & Marine Engineering. La primera aparece mejor posicionada luego de la evaluación técnica previa. La definición oficial se espera para junio, bajo la administración de Javier Milei. La inversión privada prevista rondaría los US$ 10.000 millones.
En Uruguay, el proceso es seguido con atención por operadores portuarios y logísticos, debido al papel que cumplen los puertos nacionales en la recepción y transbordo de carga proveniente de la hidrovía. Parte de la mercadería paraguaya y brasileña llega por esa vía y luego continúa viaje en buques oceánicos hacia distintos destinos internacionales.
La principal incertidumbre está en el régimen de peajes que aplicará Argentina una vez adjudicada la concesión. Desde 2023, ese país cobra una tarifa por el transporte internacional en un tramo del río Paraná, entre Santa Fe y la confluencia con el río Paraguay. La medida fue cuestionada por Paraguay y también genera inquietud en Uruguay por su eventual impacto en los costos logísticos.
El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay sostiene que el peaje actual no se corresponde con mejoras visibles en la navegabilidad y cuestiona que se cobre por tonelada de registro neto, incluso cuando las barcazas no viajan con carga completa.
Para Uruguay, el punto central será cómo se trasladarán esos costos a la operativa regional. Aunque existe consenso en la necesidad de obras, persiste la preocupación por decisiones unilaterales que puedan afectar la competitividad de los puertos y el comercio de tránsito.
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