Uruguay cuenta con leyes, organismos de control y procedimientos para prevenir el lavado de activos. El desafío que comienza a ocupar la agenda de autoridades y especialistas es demostrar que ese sistema funciona en la práctica: que permite detectar el dinero de origen ilícito, investigar las operaciones, identificar a sus responsables y recuperar los bienes vinculados con los delitos.
Esa discusión atravesó la 14.ª edición del Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas, realizado durante dos días en Montevideo. Según la organización, participaron más de 260 personas de 18 países, entre autoridades regulatorias, representantes de instituciones financieras y profesionales vinculados con el cumplimiento y la inteligencia financiera.
La reunión tuvo como uno de sus ejes la preparación de Uruguay para la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, conocido como GAFILAT. También abordó las transformaciones en la organización del crimen financiero y el uso de inteligencia artificial para analizar operaciones sospechosas.
¿Qué es el lavado de activos?
El lavado de activos es el proceso mediante el cual bienes o dinero provenientes de actividades delictivas se incorporan a la economía con apariencia de legalidad. Puede involucrar fondos generados por narcotráfico, corrupción, contrabando, trata de personas, fraude, delitos tributarios u otras actividades ilícitas.
El procedimiento puede incluir la apertura de sociedades, operaciones inmobiliarias, transferencias entre varias cuentas, compraventa de bienes, uso de intermediarios o movimientos a través de diferentes países. El objetivo es dificultar la identificación del origen del dinero y permitir que pueda ser utilizado como si procediera de una actividad legítima.
En Uruguay, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central recibe y analiza los reportes de operaciones sospechosas presentados por los sectores obligados a controlar a sus clientes y transacciones. La unidad puede producir información de inteligencia financiera y remitirla a las autoridades competentes, pero no sustituye una investigación judicial ni determina por sí misma la existencia de un delito.
¿Qué son los “sujetos obligados”?
La prevención no depende únicamente de la Policía, la Fiscalía o los bancos. La legislación establece que distintas personas, empresas y profesionales deben aplicar controles, conocer a sus clientes, examinar el origen de los fondos y reportar aquellas operaciones que resulten inusuales o sospechosas.
El sistema comprende tanto al sector financiero como a determinadas actividades no financieras. En este último grupo pueden encontrarse, según la actividad y las condiciones previstas por la normativa, inmobiliarias, escribanos, contadores, casinos, rematadores y prestadores de servicios societarios, entre otros.
El reporte no equivale a una denuncia ni demuestra que el cliente haya cometido un delito. Se trata de una comunicación reservada a la UIAF cuando una operación no puede justificarse de manera razonable de acuerdo con el perfil, la actividad y los antecedentes conocidos del cliente. La obligación está prevista en la Ley 19.574, según informa el Banco Central.
¿Qué evalúa GAFILAT?
GAFILAT es una organización intergubernamental regional que evalúa los sistemas de prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Aplica los estándares elaborados por el Grupo de Acción Financiera Internacional, cuyo marco central está compuesto por 40 recomendaciones.
Las evaluaciones examinan dos dimensiones. La primera es el cumplimiento técnico: si el país tiene leyes, instituciones, regulaciones y procedimientos compatibles con los estándares internacionales. La segunda es la efectividad: si esas herramientas producen resultados concretos.
Por esa razón, una evaluación no se limita a comprobar la existencia de normas. También analiza cómo se comprenden los riesgos, si los organismos intercambian información, si se supervisa adecuadamente a los sectores expuestos, si existen investigaciones y condenas y si se identifican, incautan o decomisan bienes vinculados con actividades delictivas.
Uruguay fue evaluado en la ronda anterior mediante una visita realizada en mayo de 2019. El informe analizó tanto el cumplimiento de las recomendaciones como la efectividad del sistema y formuló observaciones para su fortalecimiento.
La quinta ronda ya comenzó en la región y utiliza procedimientos actualizados. GAFILAT ha señalado que esta etapa mantiene el énfasis en la implementación efectiva de los estándares, además de establecer plazos y fases para cada evaluación.
Durante el congreso, el director de BST Global Consulting, Ricardo Sabella, señaló que Uruguay espera su próxima evaluación para el período 2029-2030. Esa fecha fue informada por el organizador del encuentro; no surge de las fuentes oficiales consultadas un calendario público definitivo que permita confirmarla de manera independiente.
De las normas a los resultados
La principal advertencia planteada en el encuentro fue que la aprobación de leyes y regulaciones constituye solo una parte del sistema. El siguiente paso es demostrar que los controles permiten detectar operaciones, generar información útil, desarrollar investigaciones financieras y actuar sobre el patrimonio obtenido mediante delitos.
Las prioridades identificadas por GAFILAT para la nueva ronda incluyen la comprensión de los riesgos, la supervisión basada en riesgo, los controles sobre actividades no financieras y proveedores de servicios de activos virtuales, la identificación de los beneficiarios finales de empresas y la aplicación efectiva de medidas sobre bienes de origen delictivo.
El beneficiario final es la persona que, en último término, posee, controla o se beneficia de una sociedad o de una operación. Su identificación resulta relevante porque el uso de empresas, representantes o estructuras jurídicas puede ocultar quién controla realmente los fondos.
Desde esta perspectiva, el desafío no consiste en revisar todas las operaciones de la misma manera, sino en concentrar los controles en las actividades, clientes, productos y movimientos que presentan mayores riesgos.
Organizaciones menos verticales y servicios criminales especializados
Otro de los temas analizados fue la transformación de las estructuras dedicadas al crimen financiero. Según Sabella, los esquemas actuales pueden ser más horizontales que las organizaciones criminales tradicionalmente representadas como una pirámide con una dirección central.
Bajo esa modalidad, distintos participantes prestan servicios puntuales: unos trasladan dinero, otros constituyen sociedades, abren cuentas, adquieren bienes, facilitan documentación o ejecutan operaciones digitales. No necesariamente pertenecen a una única organización estable ni conocen todas las etapas del circuito.
Este funcionamiento obliga a reconstruir relaciones entre personas, empresas, operaciones y jurisdicciones que, consideradas de manera aislada, pueden parecer legítimas. También explica la importancia que los especialistas atribuyen al intercambio de información entre instituciones y países.
El GAFI ha advertido que los delincuentes pueden aprovechar las brechas de información cuando operan mediante varias instituciones financieras, cada una de las cuales observa solamente una parte de los movimientos. Por ese motivo, el organismo estudia mecanismos de análisis colaborativo que permitan reunir datos sin dejar de respetar las normas de privacidad y protección de la información.
La inteligencia artificial: herramienta y fuente de nuevos riesgos
El congreso también examinó el uso de inteligencia artificial en la prevención del lavado. Estas tecnologías pueden analizar grandes cantidades de operaciones, encontrar patrones, relacionar datos y ayudar a priorizar casos para una revisión humana.
El GAFI considera que la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y otras herramientas de análisis avanzado pueden mejorar la evaluación de riesgos, la identificación de clientes y la vigilancia de transacciones. También advierte que la tecnología no reemplaza el criterio profesional ni la intervención humana.
Sin embargo, su utilización plantea preguntas sobre la calidad de los datos, la explicación de las decisiones automatizadas, la protección de la información personal y la posibilidad de que un sistema reproduzca errores o sesgos.
En ese contexto, hablar de “gobernanza” de la inteligencia artificial significa establecer quién es responsable de su uso, qué datos puede procesar, cómo se revisan sus resultados y qué controles deben existir antes de adoptar una decisión.
El riesgo no está limitado a las instituciones que emplean estas herramientas para controlar operaciones. Un informe reciente del GAFI también analiza el uso potencial de inteligencia artificial y contenidos sintéticos, incluidos los deepfakes, para facilitar fraudes, suplantaciones y otras maniobras relacionadas con el crimen financiero.
Detectar una operación no es probar un delito
Uno de los aspectos centrales para comprender el sistema es la diferencia entre una operación inusual, una operación sospechosa y un delito comprobado.
Una operación puede ser inusual porque no coincide con el comportamiento habitual de una persona o empresa. Se vuelve sospechosa cuando, después de ser examinada, no se encuentra una explicación económica o jurídica razonable. Su reporte permite que la UIAF analice la información y determine si existen elementos que justifiquen comunicarla a otras autoridades.
La existencia de un reporte no supone culpabilidad. Para establecer que hubo lavado de activos se requiere una investigación y, eventualmente, una decisión judicial. Esta distinción procura permitir la detección temprana sin transformar los controles preventivos en condenas anticipadas.
Un problema que trasciende al sistema financiero
El lavado de activos suele presentarse como una materia técnica reservada a bancos, reguladores y especialistas. Sin embargo, sus efectos alcanzan a la economía y a las instituciones públicas.
El dinero ilícito puede utilizarse para adquirir empresas, inmuebles y otros bienes, financiar nuevas actividades criminales o incorporar capitales de origen delictivo a sectores legales. También puede distorsionar la competencia, facilitar la corrupción y aumentar la capacidad económica de las organizaciones criminales.
Por eso, la próxima evaluación internacional no medirá solamente la cantidad de leyes aprobadas o formularios presentados. Buscará determinar si Uruguay conoce sus principales riesgos y si sus instituciones, profesionales y empresas pueden actuar de manera coordinada para seguir el dinero, identificar a sus beneficiarios y afectar los recursos que sostienen las actividades delictivas.
El congreso realizado en Montevideo funcionó como una instancia de capacitación e intercambio. La cuestión de fondo, sin embargo, se resolverá fuera de las salas del encuentro: en la calidad de los controles, la cooperación entre organismos y la capacidad de traducir la información financiera en resultados verificables.
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