El cambio de reglas sobre los cuidacoches en el departamento de Colonia abrió una situación nueva —y todavía inestable— en la calle: sin el marco local que regulaba la actividad desde 2004, la discusión se desplazó hacia Policía, Fiscalía y el Código Penal. En ese tránsito, el fin de semana quedó expuesto un problema central para cualquier política de control: qué se aplica, cómo se comunica y con qué criterios.
Qué pasó (y por qué importa)
Un grupo de cuidacoches denunció que el domingo funcionarios policiales les notificaron que no podían continuar trabajando y que, si lo hacían, podían ser detenidos. Al día siguiente, tras una reunión con “los más antiguos” del rubro, el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, dijo que no habrá persecución por realizar la tarea y que la fuerza intervendrá solo cuando exista una instancia que lo amerite.
También mencionó que pudo haber habido “mala comunicación” y que se realizará identificación de personas, actuando ante situaciones de desorden.
En términos políticos y operativos, la secuencia refleja un giro: la Policía intenta pasar de un mensaje que los cuidacoches interpretaron como “cese inmediato” a otro más acotado (“actuamos por conductas, no por el oficio”), en un escenario donde el margen de interpretación es amplio.
El nuevo contexto: se derogó la ordenanza y cambió el tablero
La Junta Departamental de Colonia derogó la ordenanza que regulaba a los cuidacoches, una norma que incluía registro y condiciones de funcionamiento. La iniciativa fue impulsada por el edil nacionalista Julio Basanta y, en varios relatos periodísticos, se presenta como un cambio que deja la cuestión sujeta a la legislación nacional.
Aquí aparece una tensión clave: mientras algunos actores políticos sostienen que la derogación “habilita” a aplicar el Código Penal y “traslada” el control a Policía y Fiscalía, un especialista citado por El Observador remarcó que derogar una regulación local no equivale, por sí mismo, a prohibir la actividad, y recordó el principio general de que lo que no está prohibido está permitido.
Ese desacuerdo jurídico —regulación derogada vs. prohibición efectiva— ayuda a explicar por qué el terreno se volvió resbaladizo para todos: cuidacoches, vecinos y Policía.
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