El nuevo sistema de control migratorio implementado en los principales puntos de salida del país, con especial impacto en el Puerto de Colonia, enfrenta serios cuestionamientos por fallos técnicos e incumplimientos contractuales, publicó El Observador.
La situación ha derivado en un conflicto entre las navieras Buquebus y Colonia Express, y la empresa adjudicataria Veridos, responsable del Sistema Integral de Gestión Migratoria (SIGMU).
Veridos, un consorcio mexicano-alemán, fue seleccionada en 2022 para instalar una solución tecnológica «llave en mano» que modernizara el control fronterizo de pasajeros. El modelo se financiaría con un recargo de US$ 2,10 más IVA por pasajero, que las navieras debían comenzar a cobrar desde febrero de 2025. No obstante, ambas compañías han rechazado aplicar la tasa, argumentando que el sistema no funciona correctamente.
Los reportes técnicos de la Dirección Nacional de Migraciones dan cuenta de errores frecuentes en la lectura de pasaportes y cédulas, tanto en Colonia como en Montevideo. En el primero de estos puertos, el mal funcionamiento de las pasarelas biométricas impidió, por ejemplo, validar documentos uruguayos con chip o identificar a pasajeros de nacionalidades diversas. En Montevideo, se reportaron fallos similares con documentos brasileños, alemanes, argentinos y estadounidenses, entre otros.
Las incidencias, que en algunos casos provocaron demoras en las partidas o obligaron a operar manualmente, han sido notificadas al Ministerio del Interior. Uno de los informes advierte que, siete meses después de su puesta en marcha, el SIGMU aún no opera en su totalidad, incumpliendo el cronograma acordado, que preveía la migración completa del sistema anterior y la instalación de nuevos equipos para finales de 2024.
Veridos sostiene que los incidentes se encuentran dentro de un proceso de administración previsto en el contrato y asegura que las fallas no constituyen incumplimientos. También señala que las navieras no han terminado de integrar ciertos módulos, como el de Información Anticipada de Pasajeros (API) y el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR).
Mientras tanto, la empresa exige al Estado que requiera el pago de la tasa a las compañías, estimada ya en US$ 3 millones por más de 1,4 millones de transacciones registradas. Las navieras, por su parte, presentaron demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), respaldadas por constancias de los puertos que documentan los problemas operativos del sistema.
El Ministerio del Interior mantiene abierto el expediente y ha advertido a la firma que podría aplicar sanciones de hasta US$ 1.000 por día de retraso, además de la eventual rescisión del contrato si los plazos continúan incumpliéndose.
En paralelo, persisten módulos clave sin funcionamiento, como las consultas automáticas con las listas negras y grises, el sistema de alertas, y el reconocimiento facial, así como limitaciones en la consulta de datos de la Dirección de Identificación Civil. También se encuentran pendientes la instalación de body scanners adicionales en aeropuertos y la integración de las pasarelas de control aéreo al nuevo sistema.
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