El juicio oral contra Robert Yroa, exjefe de Policía de Colonia y antiguo director de la Guardia Republicana, comenzó este jueves en Montevideo tras la revocación de su absolución por parte de la Suprema Corte de Justicia. El Ministerio Público lo acusa de tráfico interno ilegal de armas, a raíz de una operación frustrada de venta de un rifle Steyr Mannlincher de alto calibre, originalmente adquirido en una compra oficial del Ministerio del Interior.
Según explicó el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, durante la audiencia inicial, Yroa incorporó de forma irregular un tercer rifle a una licitación estatal autorizada en 2008 por el entonces presidente Tabaré Vázquez, que contemplaba únicamente la compra de dos armas. El exjefe policial habría costeado el arma con fondos propios y la conservó durante ocho años, hasta que en 2016 —ya al frente de la Jefatura de Colonia— intentó vendérsela a un coleccionista con la intención de exhibirla en Argentina, publicó El Observador.
La operación fue bloqueada por el Servicio Material de Armamento (SMA), que identificó el arma como propiedad del Estado, lo que activó una investigación administrativa en el Ministerio del Interior. El fiscal Rodríguez sostiene que Yroa vulneró el artículo 9 de la Ley 19.247, al disponer de un arma de uso estatal sin guía de posesión ni autorización expresa.
Durante el juicio, la defensa, integrada por los abogados Juan Fagúndez y Pablo Vera, argumentó que al momento del intento de venta, la normativa que fundamenta la imputación aún no había sido reglamentada, por lo que el delito carecería de aplicación retroactiva. “La ley fue reglamentada en diciembre de 2016 y el hecho ocurrió en agosto de ese año”, alegó Fagúndez, quien solicitó el sobreseimiento.
La declaración de un oficial de Asuntos Internos, primer testigo del proceso, contradijo la versión de la defensa. Afirmó que el Ministerio del Interior nunca fue informado de la existencia de ese tercer rifle, lo que refuerza la tesis fiscal sobre la irregularidad de la adquisición.
El arma, que permanece en poder del Departamento de Armamento, Balística y Equipos Policiales (Dabep), fue exhibida en la sala durante la audiencia de este lunes. El tamaño del rifle causó sorpresa entre los presentes, incluyendo al propio tribunal.
El fiscal insistió en que Yroa no contaba con la documentación necesaria y que intentó vender un arma de uso oficial sin respetar los procedimientos establecidos por la legislación vigente. La defensa, por su parte, sostiene que el objetivo de Yroa era regularizar su tenencia y que el arma fue utilizada públicamente durante años, incluso en actividades formativas.
La Fiscalía solicitó una pena de 18 meses de prisión efectiva para el exjefe policial. El juicio continúa en los próximos días.
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