El planteo del ministro de Turismo —formulado en entrevista con El País— parte de una constatación que ya casi no admite discusión: Uruguay es un país caro. Hasta ahí, el diagnóstico es compartido. El problema aparece cuando la explicación y, sobre todo, la comparación territorial, se presentan como si fueran suficientes para comprender el fenómeno.
El ministro sostiene que, aun en destinos “grandes atractores” como Colonia del Sacramento, Punta del Este o La Paloma, es posible encontrar “el mismo producto, con la misma calidad, a precios sustancialmente diferentes a pocas cuadras”. La frase es sugerente, pero también elusiva: desplaza el problema del nivel estructural al plano micro, casi anecdótico, como si la variabilidad de precios fuera en sí misma una respuesta al encarecimiento general del territorio.
Desde una mirada económica inspirada en el economista francés, Thomas Piketty, esa explicación resulta incompleta. Piketty ha insistido en que los precios no pueden analizarse de forma aislada, sino en relación con la distribución del ingreso, el acceso a la propiedad y la acumulación de capital en el territorio. En otras palabras: no importa solo cuánto cuesta un café o una noche de hotel, sino quién puede pagarlo, con qué ingresos y en qué condiciones estructurales.
En destinos como Colonia, el precio no es únicamente una cuestión de oferta y demanda turística. Es, también, el resultado de un proceso más profundo: la valorización del suelo, la turistificación de zonas centrales, la presión inmobiliaria y la coexistencia de dos economías superpuestas. Una orientada al visitante —frecuentemente extranjero o de alto poder adquisitivo— y otra, cada vez más ajustada, destinada a los residentes permanentes. Que existan precios distintos “a pocas cuadras” no niega esa tensión: la confirma.
Desde la óptica de Piketty, esa heterogeneidad espacial no es sinónimo de justicia ni de equilibrio. Al contrario, suele ser el síntoma visible de una desigualdad estructural: sectores altamente rentables concentrados en áreas de alto valor simbólico y económico, y zonas periféricas donde los precios bajan no por eficiencia del mercado, sino por menor capacidad de pago y menor acumulación de capital. El territorio, así, funciona como un mapa de la desigualdad.
La comparación que propone el ministro —Colonia, Punta del Este, el litoral, La Paloma— también merece una lectura crítica. Equiparar destinos tan distintos bajo la categoría de “grandes atractores” tiende a homogeneizar realidades que no lo son. Punta del Este opera como un enclave internacional del capital turístico; Colonia, en cambio, combina patrimonio histórico, vida local y turismo de cercanía. Aplicar la misma lógica de precios y mercado a ambos casos invisibiliza las particularidades sociales y económicas de cada territorio.
En ese sentido, el argumento del “mercado chico” explica solo una parte del problema. Para Piketty, los países pequeños no están condenados a ser caros por definición; lo decisivo es cómo se distribuyen los costos y los beneficios del crecimiento. Cuando el turismo encarece el territorio sin mecanismos claros de redistribución —salarios, vivienda, servicios—, el resultado no es diversidad de oferta, sino segmentación social.
La afirmación del ministro deja, quizás sin quererlo, una pregunta abierta que interpela al lector: ¿la existencia de precios distintos a pocas cuadras es una virtud del sistema o una señal de desigualdad territorial?
Desde una mirada estructural, más cercana a Piketty que al discurso de mercado, la respuesta inclina a pensar lo segundo. Y obliga a repensar el turismo no solo como motor económico, sino como un actor central en la producción —y reproducción— de las desigualdades en el territorio.
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