Observacom advirtió sobre los riesgos de avanzar en América Latina con medidas que prohíban el acceso a redes sociales a menores de 16 años, en línea con iniciativas que se discuten o adoptan en países como Australia y algunos Estados europeos.
En un pronunciamiento público, la organización señaló que este tipo de restricciones etarias no constituyen una respuesta suficiente ni adecuada frente a las vulneraciones de derechos que afectan a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Su planteo central es que la prohibición no modifica el funcionamiento de fondo de las grandes plataformas, cuya lógica —según indicó— sigue basada en la recopilación de datos personales y en sistemas algorítmicos de recomendación y publicidad.
Observacom sostuvo además que la aplicación de una medida de este tipo exigiría mecanismos de verificación de edad que, con la tecnología disponible hoy, podrían implicar riesgos relevantes para la privacidad de todos los usuarios, incluidos los propios menores. En ese sentido, advirtió que una regulación centrada únicamente en impedir el acceso podría incluso reforzar la capacidad de vigilancia de las plataformas.
La organización consideró que la discusión no debería quedar reducida a la edad de ingreso a las redes sociales, sino ampliarse a las condiciones en que funcionan esos servicios y al impacto que sus diseños pueden tener sobre las infancias y adolescencias.
Un planteo alternativo
En lugar de respaldar una prohibición general, Observacom propuso aprovechar el impulso del debate para promover una regulación más amplia, democrática e integral de las plataformas digitales, basada en estándares internacionales de derechos humanos.
Entre las medidas sugeridas figuran la prohibición de estrategias de publicidad y mercadotecnia basadas en el tratamiento automatizado de datos personales; mayores obligaciones de transparencia sobre los algoritmos de moderación y recomendación; y la exigencia de evaluar, prevenir y mitigar riesgos sistémicos que afecten a niños, niñas y adolescentes.
También incluyó propuestas vinculadas al diseño de las plataformas, como la incorporación de criterios de seguridad y bienestar desde el desarrollo de productos y servicios, con mención a dinámicas como el uso ilimitado o el scroll infinito. A eso sumó la necesidad de fortalecer herramientas de protección de datos, controles parentales accesibles, sistemas de reclamo ante contenidos o interacciones inadecuadas, y programas de alfabetización digital para menores y adultos responsables.
El centro del debate
El documento de Observacom se inscribe en un debate de creciente sensibilidad pública: cómo proteger a menores de edad frente a riesgos reales en redes sociales, sin afectar otros derechos en el proceso.
Su posición no niega la existencia de esos riesgos, pero cuestiona que la respuesta más eficaz sea una prohibición general por edad. En cambio, desplaza el foco hacia las responsabilidades de las plataformas, la supervisión estatal y la educación digital.
De ese modo, la organización introduce una mirada que busca correr la discusión desde el control de acceso hacia el diseño, la regulación y el funcionamiento del ecosistema digital.
Una discusión abierta
La publicación de Observacom se suma a un debate internacional en expansión, en el que distintos gobiernos, organismos y especialistas discuten cómo equilibrar protección, privacidad, libertad y responsabilidad empresarial en el uso de redes sociales por parte de menores.
En ese marco, su mensaje principal es que una restricción etaria, por sí sola, no resolvería los problemas estructurales del entorno digital y podría generar efectos no deseados si no forma parte de una política más amplia.
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