La vacunación contra la covid-19 en Uruguay llegó a manos de la Justicia luego de que un abogado presentara una acción de amparo solicitando suspender la inoculación a los menores de 13 años, pese a que no es obligatoria en el país.
Este miércoles, el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Presidencia y el laboratorio estadounidense Pfizer fueron citados a una audiencia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que se extendió por más de seis horas y que finalmente se prorrogó para el jueves.
Presentar copia certificada de los contratos de compra de las vacunas y brindar un «amplio detalle» de la composición bioquímica de estas fueron algunos de los 16 pedidos que el juez de la causa, Alejandro Recarey, hizo a la parte demandada tras dar luz verde al recurso presentado por el abogado Maximiliano Dentone, quien accionó a título personal.
El magistrado solicitó además especificaciones sobre si las vacunas son o no experimentales, si contienen «la sustancia llamada ARN mensajero» o si tienen «elementos nanotecnológicos».
Con pancartas en las que se leían frases como «Lleguemos a la verdad. Necesitamos creer en la Justicia» o «Apoyamos al juez Recarey», más de 100 personas se manifestaron en frente a la sede del juzgado para apoyar la instancia.
Este martes, consultado por la prensa, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que el Gobierno se presentaría a la audiencia «siendo fiel con tres principios que rigieron toda la pandemia: transparencia, responsabilidad y aval científico».
En esa línea, el MSP expuso en un comunicado emitido al comenzar la audiencia que actuó en todo momento «salvaguardando y protegiendo los derechos humanos», así como «defendiendo la libertad de los padres, adultos responsables de menores de edad y adolescentes con autonomía progresiva de la voluntad, de ser vacunados si así desean».
La cartera, que detalló en sucesivas publicaciones su respuesta a los pedidos judiciales, con afirmaciones como la de que las vacunas con ARN mensajero «tienen eficacia comprobada en ensayo», manifestó que este amparo incumplió los plazos pautados por ley y constituyó una «violación a la separación de poderes» por «invadir» las potestades sanitarias del Ejecutivo.
Asimismo, argumentó que el incumplimiento de la confidencialidad que supone divulgar los detalles del acuerdo con los laboratorios «implicaría el descrédito internacional» y podría cerrar «puertas» al país.
«Haría incurrir al Estado uruguayo en responsabilidad, poniendo asimismo en riesgo la ejecución de los contratos suscriptos y la de aquellos a suscribirse, amenazando el suministro de las dosis ya adquiridas y cuya entrega pueda estar pendiente y de las que se necesiten en el futuro», apuntó el MSP.
Antes, en un escrito presentado, los abogados solicitaron la recusación del juez de la causa por «prejuzgamiento y por dar opinión previa», lo cual fue rechazado por el magistrado.
Finalizada la audiencia, el abogado Fernando Torres, quien asistió a Dentone, resaltó a la prensa la importancia de que los progenitores cuenten «con todos los elementos técnicos, científicos, para poder decidir si inocular o no a un menor de edad».
A eso añadió que ahora resta esperar a que el juez dictamine «con todos los elementos de prueba que tiene a disposición» y que tiene «optimismo» en cuanto a la resolución.
Este jueves, las partes tendrán una nueva audiencia a las 9.00 hora local (12.00 GMT).
Según el monitor web desarrollado por el MSP, hasta este miércoles 2.997.892 personas (un 84,61 % de la población) completaron con dos dosis su pauta de inmunización de las farmacéuticas china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca o la estadounidense Pfizer.
En el rango etario de 5 a 11 años, se inoculó con dos dosis de la vacuna anticovid de Pfizer al 43,48 % de los niños del país, mientras que en el tramo entre 12 y 14 ya se vacunó el 75,43 %.
EFE
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