Por Paula Garda (*)
La semana pasada la OCDE publicó uno de sus reportes bianuales emblemáticos, las Perspectivas Económicas de la OCDE. El reporte resalta el contexto internacional desafiante en el que nos encontramos.
La guerra en Ucrania está desacelerando la economía global, con un pronóstico de crecimiento de apenas 3% en 2022 (en diciembre se preveía un 4.5%) y 2.75% para 2023. Los precios de las materias primas han subido considerablemente, lo que se ha sumado a las presiones inflacionarias ya existentes en todas partes. Al mismo tiempo, las cuarentenas en China, junto con la guerra, están prolongando las interrupciones en las cadenas de suministro y el comercio mundial. Se prevé que la inflación mundial de los precios al consumo alcance alrededor de 9% en 2022, el doble de lo que se esperaba en diciembre pasado. La inflación subyacente se mantendrá por encima de los objetivos en la mayoría de las principales economías a finales de 2023, a pesar de la normalización de la política monetaria.
Uno de los mensajes principales del reporte es que limitar la capacidad de Rusia de financiar la guerra, como se pretende con un embargo a las exportaciones de petróleo ruso, es esencial para acelerar el fin de este devastador conflicto. Pero mientras tanto, se debe buscar minimizar las consecuencias humanitarias, económicas y sociales. La primera urgencia es evitar una crisis alimentaria y para ello es necesaria la cooperación mundial para garantizar que los alimentos lleguen a los consumidores a precios asequibles, en particular en las economías de bajos ingresos. Se debe facilitar las tareas de la campaña agrícola (como la siembra de cultivos o la disponibilidad de fertilizantes), cooperando a nivel internacional en la logística de envío y distribución a los países necesitados, y no repetir los fallos en la distribución mundial de vacunas durante la pandemia.
Otro mensaje es que la guerra ha dejado más claro que nunca que la seguridad energética y la mitigación del cambio climático están entrelazadas. La respuesta debe enfocarse en la transición al consumo de energías más limpias y evitar la búsqueda de fuentes alternativas dentro de los combustibles fósiles o, peor aún, el aumento del uso del carbón. Y esta transición verde necesitará de cadenas de valor globales más profundas y resilientes, más y no menos comercio mundial.
Yendo a América Latina, tras un repunte más fuerte de lo esperado en 2021, la recuperación económica de América Latina se está desacelerando. La región corre el riesgo de quedarse atrás en los próximos años, comprometiendo la convergencia hacia niveles de vida más altos. Así, la OCDE espera que el crecimiento en seis países de América Latina, que cubren alrededor del 85% del PIB de la región (cuatro países miembros: Chile, Colombia, Costa Rica y México, y Argentina y Brasil en vías de acceso, a lo que pronto se suma Perú), se sitúe en torno al 2% (promedio ponderado) este año y 1.6% el próximo año (ver tabla). En cuanto a la inflación, las perspectivas se han revisado al alza en todos los países, y se espera que estén por encima de los objetivos de los Bancos Centrales, a pesar de la agresiva normalización de las políticas monetarias que se están llevando a cabo en varios de estos países.
Poniendo a Uruguay en este contexto, la economía va a crecer por encima de la región, alrededor de 4% este año y 3% el próximo, según las proyecciones de CINVE. El impacto de la guerra en Ucrania es limitado ya que se espera que el impacto negativo en la economía uruguaya por los altos precios del petróleo sea más que compensado por los efectos positivos de los altos precios de los productos agrícolas, principales productos de exportación. Para la inflación se espera que se modere algo el año que viene, pero que se mantenga por encima del 7%, mientras las expectativas de inflación a dos años están cerca del 8%. De todas formas, Uruguay tiene un problema de alta inflación de larga data, si lo compara con los 5 países de la región de la tabla (excluyendo a Argentina).
Tabla. Perspectivas Económicas de la OCDE – Junio 2022
Nota: Cifras de inflación corresponden a promedio anual. Los promedios regionales mostrados para PIB son promedios ponderados a PPP, mientras que para la inflación son promedios simples.
Fuente: OECD base de datos de Perspectivas Económicas Vol. 111, Junio 2022 y cinve para Uruguay.
La incertidumbre en torno a estas perspectivas es elevada, y hay riesgos destacados. El primero se relaciona con la normalización de la política monetaria en las economías avanzadas. En principio, la subida de tasas de interés se ha anticipado ampliamente y, por lo tanto, no debería causar ninguna perturbación importante. Sin embargo, si los bancos centrales de países avanzados (particularmente EEUU) se ven obligados a subir las tasas de interés a un ritmo más acelerado, es probable que la confianza del mercado cambie bruscamente, dando lugar a una repentina corrección de los precios de los activos y fuga, o menor entrada, de capitales en la región, y posiblemente en Uruguay. A su vez esto puede provocar una depreciación significativa de las monedas en la región y volatilidad, sobre todo en las economías que dependen en gran medida de la financiación externa. Otro riesgo importante en el horizonte es la evolución de la economía China, ya que una desaceleración más pronunciada, puede afectar los precios y exportaciones de algunos países de la región, incluido Uruguay. Los efectos de la guerra en Ucrania podrían ser incluso mayores de lo previsto, por ejemplo, debido a una interrupción brusca en toda Europa de los flujos de gas procedentes de Rusia, nuevos aumentos de los precios de las materias primas, o mayores perturbaciones en las cadenas de suministro mundiales.
Adicionalmente, los países de la región salen de la pandemia con alta deuda pública y un espacio fiscal acotado. Y Uruguay no está exento. Esto implica que, ante subidas bruscas de tasas de interés internacionales, se puede volver más difícil la renovación regular de la deuda. Pero además de esto, se vuelve más difícil hacer frente a las necesidades sociales o de inversión pública, como de educación o infraestructuras, y otras reformas que favorezcan el crecimiento, en un momento donde es imperativo incrementar la productividad y el crecimiento potencial.
No todos son malas noticias. Este contexto podría traer oportunidades en la región, y, por lo tanto, también en Uruguay. Éstas se derivan de los mayores precios de las materias primas, cuyos ingresos fiscales deben ser utilizados sabiamente, o de expandir la producción donde existe ahora escasez de productos, como los cereales o las oleaginosas, donde la región tiene potencial. También en el contexto actual hay oportunidades de nearshoring o friendshoring, es decir de decisiones de deslocalización de la producción hacia países que estén de acuerdo con un conjunto de normas y valores sobre cómo operar en la economía mundial. La región debe aprovechar para atraer la reasignación de inversiones extranjeras y promover la profundización de las cadenas de valor. Pero para aprovechar estas oportunidades es esencial eliminar las barreras existentes al comercio, resolver las deficiencias en infraestructuras (que hacen que los costos logísticos sean elevados), las tasas arancelarias y otras barreras no arancelarias que aún existen, o incluso la falta de mano de obra calificada. Por supuesto, esto no se resuelve de un día al otro, pero es sin dudas el camino a seguir.
Otras prioridades en este contexto internacional serán compensar a los hogares vulnerables por el aumento de los precios de la energía y los alimentos, ya que son los más afectados por los impactos negativos, y así evitar aumentos de pobreza. Medidas focalizadas, como transferencias monetarias, son la mejor opción, mientras se elaboran estrategias claras de sostenibilidad de las finanzas públicas. Para ello, se debe fortalecer los marcos de las políticas fiscales y continuar con la consolidación fiscal. Pero la forma en que se lleve a cabo esta consolidación, tanto en términos de tamaño como de composición, será clave. Será importante salvaguardar la inversión pública para apuntalar el crecimiento económico, atender las necesidades sociales y prestar cada vez más atención a las políticas medioambientales para garantizar una transición energética limpia. Finalmente, los bancos centrales deberían seguir vigilando la situación y estar dispuestos a seguir subiendo las tasas de interés para evitar un desanclaje de las expectativas de inflación.
(*) Paula Garda es Doctora en Economía por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Economista senior en el Departamento de Economía de la OCDE e investigadora asociada de CINVE. Las opiniones son de mi responsabilidad y no representan necesariamente el punto de vista de la OCDE.
Entrada escrita para el Blog SUMA de CINVE www.suma.org.uy Twitter: @BlogSUMAuy
*** Autorizada su publicación en Carmelo Portal por CINVE.
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