Por Pedro Cribari
Pocos días atrás en un artículo de Ignacio de Posadas publicado en El País, este sábado en un editorial en el Fin de Semana de La Diaria, se critica lo que ambos han dado en llamar la jutepización de la política, en clara referencia a pronunciamientos públicos de las autoridades del órgano superior anticorrupción, en particular de su presidente Ricardo Gil Iribarne.
La coincidencia de enfoques sugiere que esa mirada de rechazo a la gestión de la JUTEP puede reflejar un estado de opinión de mas ciudadanos de la más diversa raigambre ideológica. Estos puntos de vista se focalizan en los efectos de un problema, no en el problema en sí, el cual se tiende a relativizar en sus perjuicios.
Cuestionan el derecho de la JUTEP en evaluar los aspectos éticos de la gestión pública cuando los actos y decisiones de los funcionarios parecen no incurrir en violaciones legales.
Si una resolución es legal o, como sucede con bastante frecuencia, en el campo procesal no se puede demostrar su ilegalidad manifiesta, no habría derecho a ingresar en el campo de la ética. Una simplificación peligrosa que subestima el carácter nefasto de la corrupción y en general de las malas prácticas de los funcionarios.
Los apartamientos éticos -desde luego que es terreno de lo subjetivo- son tan graves como los legales. Tanto es así que la ley 17.060 (anticorrupción) además de definir el concepto de corrupción, en el artículo 11 dejó establecido que el funcionario público «debe observar una conducta honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de su función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro». Y agrega que «también debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las Normas de Conducta en la Función Pública (Decreto 30/ 2003)».
En contraposición a estas visiones que buscan minimizar la gravedad en los posibles episodios de conflictos de interés y nepotismo, somos de la idea que toda acción preventiva y sancionatoria de eventuales malas prácticas fortalecen la institucionalidad y, por extensión, favorece a la dañada credibilidad del sistema político.
De todos modos, bienvenido el debate y el creciente interés en todo lo que hace a la probidad, imparcialidad, implicancias y transparencia en la gestión pública.
