La madrugada en que desconocidos atacaron la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, con disparos y —según versiones iniciales— incluso con explosivos, no sólo puso en vilo al sistema político. También encendió un eco incómodo en el interior del país: ¿qué pasa en departamentos como Colonia, donde la policía arrastra un déficit histórico de personal y la mitad de los homicidios recientes están ligados al narcotráfico?
El ministro del Interior, Carlos Negro, fue claro: los dos detenidos “no son los únicos ni serán los últimos”. La frase buscaba transmitir firmeza, pero detrás asoma una realidad más cruda. El crimen organizado ya no es un fenómeno circunscripto a Montevideo o a la frontera: permea ciudades medianas, se instala en la vida cotidiana y prueba la capacidad de respuesta de instituciones locales con recursos limitados.
Colonia, un termómetro inquietante
En 2023, Colonia registró un aumento de homicidios y, según autoridades departamentales, al menos la mitad estuvo vinculada a disputas de mercado narco. El dato es revelador: en un territorio históricamente percibido como tranquilo, la violencia extrema ya no responde a conflictos personales, sino a lógicas de organización criminal.
A eso se suma un déficit policial de larga data. En 2022 la Jefatura no logró cubrir todas las horas previstas de patrullaje y represión. En 2024 se reforzó la plantilla con 55 agentes, pero el problema es estructural: cada operativo de envergadura satura la capacidad local y deja otros frentes desprotegidos.
Consecuencias más allá de la estadística
Cuando un hecho grave irrumpe en una localidad chica, la repercusión es doble. Primero, en la percepción: la comunidad siente que la frontera entre lo cotidiano y lo delictivo se rompió. Segundo, en lo operativo: la policía concentra recursos en el caso mayor y el resto del mapa delictivo —hurtos, violencia doméstica, estafas— queda relegado.
La experiencia muestra que, tras un golpe a una red, otras buscan refugio en zonas con menos vigilancia, rutas secundarias o puertos menores. En Colonia, con su costa extensa y sus accesos carreteros, ese riesgo es tangible.
La dimensión nacional
El atentado contra Ferrero no es un hecho aislado: recuerda el ataque de 2020 a la Dirección de Drogas y el de 2024 al director del INR. Cada episodio eleva la presión sobre un sistema político que reconoce que Uruguay dejó de ser sólo país de tránsito y hoy alberga redes locales de acopio y distribución.
El gobierno insiste en que hay coordinación entre Interior, Fiscalía y Presidencia. Pero la pregunta clave es otra: ¿pueden los departamentos del interior sostener esa batalla sin quedar exhaustos?
El espejo que devuelve Colonia
En clave local, la respuesta pasa por reforzar lo que se repite como un mantra en documentos técnicos: más inteligencia, más coordinación interinstitucional, más prevención social. En clave nacional, el desafío es reconocer que la violencia vinculada al narcotráfico no distingue entre Montevideo y el interior, y que la debilidad en un departamento puede abrir grietas en todo el territorio.
La madrugada del atentado a Ferrero dejó claro que el crimen organizado sabe dónde golpear. En Colonia, donde ya convive la falta de policías con la presencia creciente del narcomercado, la pregunta es si el Estado podrá anticiparse antes de que la excepción se vuelva rutina.
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