El planteo del Congreso de Intendentes al Ministerio de Economía vuelve a poner en primer plano una discusión de fondo en Uruguay: cómo atraer inversiones sin profundizar las brechas entre Montevideo, el área metropolitana y el interior. La futura ley de Competitividad e Innovación aparece, en ese sentido, como una oportunidad para revisar un esquema que muchas veces mide con la misma vara realidades muy distintas.
Los intendentes llevaron un mensaje claro: invertir en Artigas, Rivera o Cerro Largo no supone los mismos costos ni las mismas condiciones que hacerlo en Canelones o en el sur del país. El peso de la logística, el transporte, la energía y la infraestructura condiciona la llegada de empresas y, por lo tanto, la generación de empleo.
La discusión no es solo económica. También es territorial y social. Cuando los gobiernos departamentales reclaman incentivos diferenciales, en el fondo están pidiendo herramientas para retener población, sostener actividad y evitar que la falta de oportunidades siga concentrando desarrollo en pocas zonas.
En ese marco, la apertura del MEF a revisar criterios de promoción, especialmente a través de la Comap, marca una señal política relevante. El desafío será traducir ese diálogo en medidas concretas. Porque para el interior, competitividad no es una consigna técnica: es una condición para crecer con equilibrio.
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