Dos empresarios dedicados a la venta de recargas de garrafas de gas fueron condenados por estafar al Estado mediante el uso indebido de subsidios otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). La maniobra, que implicó la apropiación de datos de beneficiarios de planes sociales, generó un perjuicio millonario y fue detectada tras una investigación de la Fiscalía Departamental de Bella Unión y la Jefatura de Policía de Artigas.
Las fiscales adscriptas Antonella Cervini y Ana Iriarte lograron las condenas mediante un procedimiento abreviado. Uno de los imputados fue condenado a 24 meses de prisión por los delitos continuados de apropiación indebida, estafa, suplantación de identidad y tráfico interno de armas, todos en régimen de reiteración real. Cumplirá seis meses en prisión efectiva y los 18 restantes en régimen de libertad a prueba.
El segundo fue condenado a 20 meses de prisión, también por apropiación indebida, estafa y suplantación de identidad en forma reiterada. Deberá cumplir cuatro meses de cárcel y 16 en libertad a prueba.
El mecanismo del fraude
Según informó la Fiscalía, los empresarios operaban mediante un software vinculado al subsidio estatal que permite acceder a recargas de garrafas de gas de 13 kilos con un descuento del 50 %, hasta un máximo de 12 recargas anuales. En lugar de aplicar el beneficio al consumidor final, ingresaban los datos de beneficiarios —nombre y cédula de identidad— y comercializaban la recarga al precio total de lista.
De este modo, los usuarios reales del subsidio descubrieron que el sistema informático indicaba que el beneficio ya había sido utilizado, sin haber accedido al mismo.
La operativa tuvo su punto más alto durante 2024 y fue interrumpida con la implementación de la aplicación TUAPP del MIDES, a comienzos de este año, que digitalizó el acceso al beneficio y dificultó la apropiación indebida.
Ganancias millonarias y hallazgos
Según la investigación, una de las empresas implicadas obtuvo ingresos fraudulentos por más de 30 millones de pesos, mientras que la otra superó los 10 millones. Durante uno de los allanamientos realizados se incautó una suma de dinero en efectivo y un arma calibre 22 sin documentación.
La causa forma parte de una serie de investigaciones que buscan proteger los recursos destinados a la población en situación de vulnerabilidad, en el marco de los programas de inclusión energética del Estado.
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