El Gobierno y la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) acordaron este jueves un plazo de 60 días para negociar cambios en el régimen de certificaciones médicas de los trabajadores públicos, una normativa que ha estado en el centro de la polémica desde su aprobación en 2022.
El entendimiento surgió tras una reunión celebrada en la Torre Ejecutiva, de la que participaron autoridades del Poder Ejecutivo y representantes sindicales. Entre ellos, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; el ministro de Trabajo, Juan Castillo; el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Pérez; y el secretario general de COFE, José Lorenzo López.
Durante el encuentro, se definió una pausa en la aplicación del régimen vigente —establecido por la Ley n.º 20.075 y su decreto reglamentario— y se abrió una instancia formal de negociación entre el 1.º de julio y el 30 de agosto.
“No se trata solo de evitar abusos, sino de proteger el derecho legítimo de los trabajadores a certificarse cuando están enfermos”, expresó Sánchez, al tiempo que reconoció que el sistema actual presenta “zonas grises” que deben revisarse. El jerarca fue claro en un punto: no se puede legislar sobre cada patología individual, por lo que el desafío es diseñar un marco jurídico sólido y justo.
El régimen en discusión generó resistencias desde su origen, e incluso el PIT-CNT había anunciado la intención de presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que sumó presión para abrir esta mesa de diálogo.
Los puntos clave del acuerdo
Durante los dos meses que durará la negociación, el Poder Ejecutivo se compromete a suspender la aplicación del régimen actual de certificaciones médicas. A su vez, COFE congela cualquier avance de su denuncia ante la OIT. Si al finalizar el plazo no hay acuerdo, cada parte podrá retomar sus acciones.
La discusión se centra en cómo aplicar con mayor equidad y efectividad las licencias médicas en el sector público, equilibrando el respeto por los derechos laborales con el uso responsable de los recursos del Estado.
Por ahora, ambas partes se dieron la mano. Lo que sigue es un plazo acotado y complejo para intentar redefinir una norma que toca fibras sensibles dentro del funcionariado público.
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