El politólogo Abel Oroño analiza las implicancias institucionales de una rendición de cuentas fuera de plazo, el rol de los concejales en minoría y las herramientas legales y políticas disponibles para ejercer el control democrático a nivel municipal.
—¿Cuál es la importancia institucional de una rendición de cuentas en el ámbito municipal?
La rendición de cuentas es una parte sustantiva de un sistema democrático. Es un acto de responsabilidad ante los vecinos, las instituciones y los organismos de control. No se trata solo de cumplir con una formalidad: es dar cuenta del uso de los recursos públicos, de los dineros que se manejaron en el período anterior, con claridad y en los plazos establecidos.
—¿Qué tan grave es que una rendición se presente con datos de diciembre de 2023, como ha ocurrido en algunos municipios?
Es institucionalmente muy grave. Por ejemplo, a nivel departamental o nacional, la Constitución establece que la rendición debe presentarse como máximo seis meses después de cerrado el ejercicio. Ese plazo es razonable para registrar y organizar la información. Cuando eso no se cumple, se vulnera un principio esencial del control público.
—¿Qué puede motivar a un concejal a votar en contra o abstenerse ante una rendición de cuentas?
Hay diversas razones legítimas. Puede deberse a información insuficiente, a un voto protesta por el retraso, o a una disconformidad con los contenidos de la rendición, por ejemplo, porque no refleja adecuadamente el uso de los fondos. También puede haber motivos políticos, incluso una decisión partidaria de rechazar toda rendición presentada fuera de plazo o con observaciones relevantes.
—¿Qué herramientas tiene un concejal cuando está en minoría y no se siente escuchado?
Hay varios niveles de acción. El primero es el propio municipio, donde se puede presentar un pedido de informes. Si no hay respuesta o se considera insuficiente, se puede escalar a la Junta Departamental. Y más allá, incluso llegar a la Dirección de Descentralización de la OPP, que es quien administra los fondos nacionales para los municipios. Si los controles no se ejercen, hay responsabilidad institucional.
—¿Qué ocurre si no se presenta una rendición y, aun así, se siguen recibiendo fondos?
Eso también es muy grave. La reglamentación del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal establece que no se pueden desembolsar fondos si no se presenta antes la rendición anterior. Si eso ocurre, la OPP debería actuar. De lo contrario, se incurre en una omisión que puede ser interpretada como complicidad o al menos negligencia.
—¿La rendición incluye solo fondos nacionales?
No. Debe abarcar todos los recursos gestionados por el municipio: fondos nacionales, departamentales, convenios, donaciones, multas. Todo ingreso y todo gasto debe estar reflejado con claridad.
—¿Qué papel tiene la Intendencia en este proceso?
La rendición de cada municipio debe ser revisada y avalada por la Intendencia antes de ser remitida a la OPP. Si la Intendencia demora ese aval, retrasa el proceso. Pero si no se controla que las observaciones del Tribunal de Cuentas se apliquen, también hay una responsabilidad política e institucional.
—¿Qué ocurre si un informe del Tribunal de Cuentas detecta fallas en el control financiero de un municipio?
El Tribunal puede señalar debilidades, pero quien debe corregirlas es la Intendencia, y quien controla que eso se haga es la Junta Departamental. Si no hay seguimiento, hay una falla de todo el sistema político: del oficialismo, por no actuar, y de la oposición, por no exigir.
—¿Es difícil ejercer el rol de concejal en este contexto?
Sí, es complejo. No solo por los aspectos legales o técnicos, sino por las tensiones político-partidarias. A veces no hay condiciones para una construcción colectiva real, y eso dificulta ejercer el rol de contralor. Por eso, la formación de los concejales es clave.
—¿Se está avanzando en la formación de los actores locales?
Se ha avanzado. Hubo iniciativas de capacitación organizadas por el Congreso de Intendentes con participación plural. Pero aún es un desafío pendiente. La descentralización en Uruguay es un proceso lento y desigual. Hay que manejar las ansiedades y tener persistencia en los objetivos.
—¿Por qué, en su opinión, este tema no está presente en la campaña electoral local?
Es llamativo. Estamos hablando de fondos públicos, de control institucional, de transparencia. Que esto no esté en el debate político, a escasos días de una elección, debilita la calidad democrática. La ciudadanía tiene derecho a saber qué se hizo con su dinero, y los actores políticos la obligación de ponerlo en agenda.
Recuadro informativo
Tres niveles de control posibles ante una rendición de cuentas deficiente
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Ámbito municipal
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Pedidos de informes por parte de los concejales.
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Exigencia de presencia del alcalde para responder en sesión pública.
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Ámbito departamental
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Intervención de la Junta Departamental.
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Control de la Dirección de Hacienda de la Intendencia.
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Ámbito nacional
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Comunicación directa con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
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Denuncia ante la Dirección de Descentralización.
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Revisión del cumplimiento de los requisitos del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal.
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