En la sesión del 9 de abril, el Concejo Municipal de Carmelo votó por unanimidad la realización de la rendición de cuentas correspondiente al período diciembre 2023–diciembre 2024 para el próximo 30 de abril de 2025. La moción fue presentada por el concejal del Frente Amplio, Juan José Miguelena, quien además expresó su preocupación por las demoras acumuladas y la falta de información precisa sobre el estado financiero del municipio.
La decisión llega luego de sucesivas postergaciones que dilataron un proceso clave para la transparencia institucional. La rendición, que debía presentarse originalmente en diciembre de 2024 —al cierre del ejercicio fiscal—, fue primero aplazada para febrero de 2025. Luego, durante ese mes, la alcaldesa Alicia Espíndola confirmó en comunicación con Carmelo Portal una nueva postergación, esta vez para marzo, que tampoco se concretó.
Causas y silencios
En el transcurso de estos meses, los motivos esgrimidos por el gobierno local variaron. Desde la licencia reglamentaria del personal administrativo hasta la inexistencia de un documento definitivo —que, según fuentes municipales, todavía se encontraba en estado de “boceto”—, las razones ofrecidas no lograron disipar la inquietud sobre la demora en la entrega de un instrumento esencial para la rendición democrática.
Lo que llamó la atención, en paralelo, fue la falta de tratamiento político sobre el tema. Hasta el planteo del concejal Miguelena en abril, no hubo discusión pública ni pronunciamientos destacados desde las bancadas, lo que contrastó con la importancia institucional de este informe: en él se detallan ingresos y egresos, prioridades de inversión y ejecución presupuestal.
Una herramienta para el control ciudadano
Más allá de las causas administrativas, la postergación de la rendición de cuentas limita el control en tiempo real de la gestión financiera municipal. Al demorar la presentación, se dificulta también la posibilidad de realizar correcciones durante el mismo ejercicio fiscal, y se reduce el margen de evaluación ciudadana y política sobre el uso de los recursos públicos.
Desde el Frente Amplio, Miguelena recordó que en la última rendición —la del año 2023— su bancada consideró insuficientes los datos presentados, lo que refuerza la necesidad de un documento sólido, accesible y transparente en esta oportunidad.
¿Un nuevo punto de partida?
La fijación de una fecha concreta —y acordada por unanimidad— representa una señal de institucionalidad que busca, al menos parcialmente, corregir el rumbo. La expectativa está ahora puesta en que el 30 de abril no sea solo una formalidad, sino una instancia real de exposición, análisis y discusión sobre la gestión del último año.
En un contexto en el que la confianza ciudadana se construye a partir de prácticas abiertas y responsables, la rendición de cuentas se vuelve un ejercicio indispensable. Que se concrete en tiempo y forma será, más que una obligación reglamentaria, una oportunidad para retomar el diálogo entre el gobierno local y la comunidad.
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