CAINFO (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública) publicó este miércoles el 9° Informe Periodismo y Libertad de Expresión en Uruguay, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado desde 1993 por la UNESCO.
La Unesco convoca cada 3 de mayo a todos los países miembros y a sus sociedades a reflexionar sobre la libertad de prensa y los diversos tópicos que atañen a los temas del periodismo, la información y la comunicación.
El informe uruguayo presenta los principales hallazgos del noveno informe de monitoreo de libertad de expresión en el ejercicio de la profesión periodística en Uruguay, realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), integrante de la red Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX)1 , Voces del Sur y de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.
El reporte da cuenta del estado de situación en el período comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023. Se enmarca en el proyecto “Periodismo y libertad de expresión en Uruguay” de Cainfo, que im- pulsa la promoción y defensa de la libertad de expresión en el país a partir del desarrollo de una metodología de relevamiento y sistematización de información sobre la materia.
Las conclusiones del informe
El caso más preocupante del período es la amenaza de muerte sufrida por la periodista de Cerro Largo Silvia Techera, que tuvo esta represalia como consecuencia de sus reportes sobre las actividades del crimen organi- zado en la frontera con Brasil.
Si bien la respuesta del Estado fue eficaz y permitió garantizar la seguridad de la periodista, Cainfo pudo constatar luego de una visita a la ciudad de Melo que las condiciones de trabajo de los periodistas que reportan sobre las actividades delictivas en las zonas fronterizas es particularmente compleja, sin tener las garantías suficientes para el desempeño seguro de su trabajo cuando se trata de hechos delictivos.
Por otro lado, resulta llamativo el impacto que tuvo para la libertad de expresión la vasta cobertura realizada por los medios de comunicación del caso de Alejandro Astesiano, el exjefe de la Custodia Presidencial que fue condenado por la Justicia por su participación en una asociación para delinquir que funcionaba en el cuarto piso de la Presidencia de la República.
Once de los episodios registrados tuvieron que ver directamente con algún tipo de cobertura o comentario periodístico relacionado con el caso Astesiano.
Asimismo, es importante subrayar que en dos de los episodios mencionados fue directamente el presidente Luis Lacalle Pou quien atacó a un sector del periodismo, considerando que tenían intencionalidad o vinculación política al informar al respecto, sin aportar elementos que respaldaran sus afirmaciones. En otro caso, el man- datario también intentó vincular a periodistas del canal público TV Ciudad al Frente Amplio.
Este último caso forma parte de la tendencia creciente de estigmatización del periodismo por parte de voceros gubernamentales, que se consolida en este informe (19 episodios). En el caso de algunos de ellos, ya se vislumbra la existencia de una estrategia dirigida a desprestigiar a determinados medios y periodistas que resultan especialmente irritantes para el gobierno. De hecho, en el presente informe todos los casos de Discurso estig- matizante provienen de funcionarios públicos de diferentes categorías.
Estas prácticas desconocen el Marco Jurídico Interamericano de la Libertad de Expresión, que establece con claridad que “la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción; y ha señalado que en el debate sobre asuntos de interés público, se protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un sector cualquiera de la población”.
En este sentido, “las expresiones, informaciones y opiniones atinentes a asuntos de interés público, al Estado y sus instituciones, gozan de mayor protección bajo la Convención Americana, lo cual implica que el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión, y que las entidades y funcionarios que conforman el Estado, así como quienes aspiran a ocupar cargos públicos, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica”.
En un sentido opuesto a estas recomendaciones, las presiones de diferentes integrantes del gobierno sobre la prensa continuaron. En el caso más relevante, varios periodistas del diario El Observador decidieron publicar en sus cuentas de Twitter una nota que les había sido censurada por la dirección del medio y que refería a las actividades de Astesiano en conjunción con autoridades policiales. Esto confirma la denuncia realizada en informes anteriores respecto a las presiones realizadas desde el gobierno ante coberturas periodísticas que le resultan irritantes.
También en esta categoría se encuadra el episodio protagonizado por el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado contra la periodista de TV Ciudad Macarena Vico, al acusarla de haber sido mandada por alguien que no identificó a preguntarle por el decreto presidencial que benefició a la tabacalera Montepaz. Este episodio tuvo además un claro componente de género.
En cuanto a las categorías que presentan el mayor número de casos en el presente informe, se confirman las di- ficultades persistentes para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de transparencia activa y pasiva, que han sido denunciadas de manera permanente por organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de acceso a la información pública. A la cantidad de rechazos de pedidos de acceso a la información, se suman algunos casos de no respuesta de sujetos obligados, o incluso la imposición de obstáculos no establecidos por la Ley de Acceso a la Información (como la constancia de voto en un referéndum o la ausencia de un protocolo de acceso a la documentación). También se evidencia un deterioro en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, como lo demostró el Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAEL) que publicó Cainfo en diciembre de 2022.
Respecto a la utilización de los Procesos Penales y Civiles como una forma de persecución, amedrentamiento y amenaza, es oportuno señalar que si bien el número de casos es sensiblemente menor al del informe anterior, todavía persiste de manera significativa la utilización del sistema judicial como un método para intentar que los periodistas eviten el tratamiento de determinados temas, o que se revele la identidad de sus fuentes de infor- mación, lo cual afecta a todo el colectivo de trabajadores de medios de comunicación.
El caso más significativo en este sentido fue la demanda civil por 451 mil dólares que la exdirectora del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Bazzano, presentó contra el matutino La Diaria alegando daño moral, por la publicación de informaciones de interés público sobre el proceso judicial que tuvo que enfrentar por una trama de entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias sin control de organismos públicos, a través de la asociación civil Seamos.
Dos fueron los casos en el departamento de Colonia publicados en el informe de CAINFO
3 de marzo de 2023
El edil del Frente Amplio de Colonia Pedro Leyzagoyen, cuestionó a los medios de comunicación por no realizar coberturas de las sesiones del organismo. “La prensa está pagada por la intendencia”, dijo. Sus declaraciones fueron rechazadas por la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Colonia.
8 de setiembre de 2022
El juez letrado de Carmelo (Colonia), Marcelo Silva Correa, impidió el acceso a información de una audiencia sin respetar su carácter público, según denunció ante la Suprema Corte de Justicia el periodista Elio García Clavijo, de Carmelo Portal y Radiolugares. En la denuncia, García sostiene que el magistrado mantuvo su negativa de dar información aun reconociendo que las audiencias no eran reservadas y a pesar de conocer el contenido de la Circular 303/2017 que establece el carácter público de las audiencias en el marco del Código del Proceso Penal. El periodista accedió posteriormente a los audios de las audiencias, aunque con varios días de retraso, lo cual impidió el adecuado cumplimiento de su labor informativa.
Recomendaciones
CAINFO recomienda aprovechar las instancias internacionales y regionales para denunciar casos de amenazas y restricciones a la libertad de expresión cuando las investigaciones y denuncias no tengan un trámite adecuado en el ámbito nacional, recurriendo a instancias como pedidos de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la presentación de informes en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas .
A los organismos estatales, exhorta a las más altas autoridades nacionales a pronunciarse públicamente contra los ataques, amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, que en el último tiempo han tenido como principales señales de preocupación la existencia de discursos estigmatizantes, las demandas judiciales y la manifestación por distintas vías del malestar por coberturas periodísticas críticas o disidentes.
Esta recomendación se mantiene vigente a pesar de las denuncias locales e internacionales del deterioro del clima de libertad de expresión en el país.
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