Cuatro jornadas insumió la consideración del proyecto de decreto de Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Colonia 2021-2025, que fue aprobado definitivamente el pasado martes, con modificaciones y condicionado al ulterior pronunciamiento del Tribunal de Cuentas de la República (TCR).
La bancada del Partido Colorado (Sector Ciudadanos) acompañó la iniciativa en general, y luego marcó su distancia con el Ejecutivo Departamental en numerosos artículos proponiendo modificaciones y sustituciones.
Al respecto, el edil Gabriel Gabbiani dijo que “lo votamos en general porque, igual que al considerar el Plan de Regularización de Adeudos para la Contribución Urbana y Suburbana, evaluamos que era mejor votar eso antes que nada, porque de lo contrario quedaba vigente el Presupuesto anterior”.
En ese sentido, “el nuevo Presupuesto corrige algunas cosas y mejora otras con referencia al Presupuesto 2016-2020, pero ello no quita la evidente desprolijidad del texto presentado”.
La edil Malvina Sarett, por su parte, sostuvo que “en materia de refinanciación es un presupuesto poco renovador, dado que siempre se brindan las 36 cuotas”, y solicitó “una mayor bonificación para el buen pagador. Muchos contribuyentes hicieron un esfuerzo para mantenerse al día, ese esfuerzo se debe premiar con un mayor descuento”.
Sobre el texto
El texto “es descuidado, difuso, es un ‘copio y pego’ improcedente que involucra a los dos Presupuestos anteriores además del actual”, dijo Gabbiani. Por ejemplo, “el Artículo 6 declara plenamente vigente el Presupuesto 2011-2015, el de la segunda administración de Walter Zimmer, pero con las excepciones y derogaciones que se votarían durante la discusión del nuevo proyecto. Ello implicó que el texto tuviera artículos o párrafos ya derogados que, al ser declarados nuevamente vigentes, debieron volver a derogarse. Eso no parece haber sido más que una estrategia de quienes elaboraron el texto para confundir a la oposición a la hora de considerarlo”.
“Hubiera bastado con ‘copiar y pegar’ los artículos que se querían mantener de los dos presupuestos anteriores con las modificaciones que se quisieran introducir, y agregar los nuevos artículos. Nos llamó la atención la desprolijidad del camino elegido”, sostuvo.
Salarial y social
Respecto al contenido, “fundamentalmente discrepamos en aspectos sociales, salariales, en todo lo ligado al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE), el Impuesto al Alumbrado Público y en casi todos aquellos donde las decisiones quedaban libradas a la discrecionalidad del intendente. Ello porque entendemos que en una situación de pandemia tan peculiar como la que estamos viviendo, que determinó el cierre definitivo o parcial de fuentes laborales, el envío al seguro de desempleo total o parcial, y más, entendíamos necesarios que mayores recursos se destinaran a solucionar problemas sociales mientras se aliviaba el bolsillo del contribuyente”, expresó Gabbiani.
En materia salarial, “el nuevo Presupuesto otorga a los funcionarios solamente el aumento cuatrimestral por IPC, pero elimina cualquier posibilidad de recuperación, que estaba presente en los dos presupuestos anteriores”, indicó.
En tanto, Sarett solicitó al Ejecutivo Departamental la consideración de los retiros incentivados. “Hoy hay más de 220 funcionarios con causal jubilatorio, que no se retiran porque no pueden afrontar la carga crediticia de sus haberes. Se propone en este presupuesto 3 salarios para fomentar los retiros incentivados. En esta materia pedimos 10 salarios, dado que lejos de disminuir los costos de la comuna, consideramos que en mediano y corto plazo sería un ahorro para la misma”.
Respecto al SUCIVE, Gabbiani recordó que “la Ley Nº 18.860 que lo creó es inconstitucional y viola la autonomía financiera de los departamentos, como expresamos en 2012”. Entonces “Colonia fue el único departamento que no aprobó el acuerdo al resultar empatada la votación, pero una semana más tarde, luego que el verborrágico secretario de la Presidencia, Diego Cánepa, amenazara con no otorgarle a Colonia el porcentaje del Presupuesto Nacional que le correspondía constitucionalmente, los ediles blancos pidieron reconsiderar el tema y algunos variaron su postura, con lo que Colonia adhirió al SUCIVE. Para nosotros sigue siendo inconstitucional y no aprobamos nada de lo que vaya atado a él”, explicó.
Tasa Bromatológica e Impuesto al Alumbrado
Asimismo “cuestionamos la validez jurídica de la Tasa de Bromatología, que para nosotros es inconstitucional, y tampoco respaldamos la vigencia del Impuesto al Alumbrado, que en la pasada administración fue aprobado con los votos del Partido Nacional y de 8 ediles de los 12 del FA, y que nunca fue remitido al Tribunal de Cuentas de la República (TCR), como quedó evidenciado en Sala”, sostuvo Gabbiani.
“Coherentes con nuestras propuestas de campaña plasmadas en el Programa Departamental de Gobierno, no acompañamos este tema, dado que consideramos el estudio de la viabilidad de cobrar el Impuesto de Alumbrado en relación al valor de los padrones, y no de la zona geográfica ni del número de contadores por padrón”, agregó Sarett.
Asimismo, “rechazamos todo aquello que le daba potestad discrecional al intendente para decidir por sí y ante sí sobre diversos temas, entre ellos las extensiones de las pasantías”, dijo Gabbiani.
Reorganización administrativa
Con referencia a la reorganización administrativa, la Bancada del Partido Colorado acompañó la iniciativa de la creación de tres nuevas oficinas, a saber la Oficina de Inversiones, la Oficina de Género y Generaciones, y la Oficina de Bienestar Animal, que “implica la creación de apenas tres cargos políticos ya que las tres se atenderán con recursos ya existentes”, dijo Sarett.
La edil colorada remarcó que confiaba en que, “dado el contexto mundial, la persona que ocupe el cargo al frente de la Oficina de Inversiones debería ser idónea en comercio, hablar varios idiomas, y tener una mente abierta, saliendo de los mercados del MERCOSUR para seguir la línea del Ejecutivo Nacional buscando nuevos mercados”.
De acuerdo a la Constitución de la República, el Presupuesto debe ser analizado ahora por el Tribunal de Cuentas, que cuenta con un plazo constitucional de 20 días para su análisis para luego devolverlo a la Junta Departamental con las observaciones que realice.
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