Por Sergio Marín Lafuente
El Gobierno uruguayo se ha sumido en la polémica al impulsar la Ley de Urgente Consideración, su proyecto estrella para este mandato, en plena crisis por la COVID-19, lo que ha despertado críticas de la oposición frente a quienes piensan la importancia de preparar «el día después» a la pandemia.
La LUC y algunos de sus artículos más polémicos marcaron los titulares de la campaña electoral que llevó a Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN), a hacerse con la Presidencia de Uruguay, tras lo cual pensaba llevar este proyecto al Parlamento a comienzos de marzo, nada más asumir su mandato, planteamiento interrumpido por la crisis sanitaria.
Sin embargo, el mandatario adelantó este jueves que iba a remitir el texto a los legisladores de todos los partidos para su análisis antes de la presentación formal en el Parlamento, lo que despertó las críticas de la oposición.
EL TRABAJO PARLAMENTARIO
«Hemos decidido enviar a través de @beatrizargimon el proyecto de ley de urgencia a los legisladores de todos los partidos. Queremos que tengan tiempo para estudiarlo y compartirlo antes que empiecen a correr los plazos constitucionales. En unos días lo presentaremos formalmente», escribió Lacalle Pou en su cuenta de Twitter.
Más tarde, la vicepresidenta y presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, matizó en conferencia de prensa que «aún no hay una fecha prevista» para su remisión formal al Parlamento, momento en el cual comenzarían a correr los 85 días para su discusión, tras los cuales el texto quedaría aprobado tácitamente.
Para la experta en Comunicación Estratégica de la Universidad de Montevideo (UM) Sofía Montero, este movimiento permite mitigar parte de las críticas, pues los partidos tienen tiempo para estudiar el texto antes de que se trate de manera formal.
Sin embargo, el politólogo uruguayo Antonio Cardarello reconoce que «no parece el mejor momento», ya que las grandes figuras del Senado no están acudiendo al Parlamento por ser población de riesgo.
Los expresidentes José Mujica (2010-2015) y Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) o la exvicepresidenta Lucía Topolansky (2017-2020) son algunos de los senadores que han pedido licencia por superar los 65 años de edad, cuenta Cardarello.
PENSANDO EN «EL DÍA DESPUÉS»
Atendiendo lo urgente pero pensando también en «el día después», el Gobierno uruguayo trabaja «a dos velocidades» en la gestión de esta crisis, y en esta línea «pragmática» va este anuncio, afirma Montero.
«El día después» del Ejecutivo tiene «mucho que ver con la LUC», resalta Montero, pues es la pieza principal de su política, que se vio interrumpida por la llegada del coronavirus al país el 13 de marzo, apenas 12 días de la asunción de Lacalle Pou como presidente.
«Es una conversación que más temprano que tarde se iba a tener que dar», insiste la experta en comunicación.
El presidente uruguayo ha subrayado en varias apariciones públicas la necesidad de no solo trabajar en el ámbito de la salud sino también en lo social y lo económico.
«Creo que es bastante coherente con la comunicación que ha tenido el Gobierno, muy pragmática y sin sacar nada de encima de la mesa», resalta Montero.
Por su parte, Cardarello señala que para el gabinete es «un buen momento», ya que varias encuestas respaldan la acción de Gobierno y el liderazgo de Lacalle Pou durante esta crisis.
PARA LA OPOSICIÓN, «LO URGENTE ES LA VIDA»
El anuncio de Lacalle Pou no estuvo exento de críticas por parte del Frente Amplio (FA).
«Lo urgente es la vida», subrayó el FA en un comunicado, en el que declara que la emergencia sanitaria no está «controlada» ni «resuelta» y en el que reitera «la necesidad de convocar a un gran diálogo social».
«Presentar en las actuales circunstancias un proyecto que contiene un paquete tan amplio y profundo de transformaciones, con un plazo tan acotado para su consideración, impide el amplio debate democrático necesario siempre, y más hoy ante las particulares circunstancias que atravesamos», reza el escrito.
Por su parte, quien fuera rival de Lacalle Pou en los comicios presidenciales y actual candidato del FA a la Intendencia de Montevideo, Daniel Martínez, destacó en su cuenta de Twitter que «es momento de cuidar y apoyar a la gente, no de tratar una Ley de Urgente Consideración».
Para la experta en comunicación, estas críticas eran «inevitables» y se habrían dado independientemente de cuándo se hubiera presentado el proyecto.
MÁS DE 500 ARTÍCULOS DE CAMBIOS «PROFUNDOS»
Con 502 artículos, el texto remitido cuenta con el «consenso» de los partidos de la coalición de Gobierno -PN, Partido Colorado (PC), Partido Independiente (PI), Partido de la Gente y Cabildo Abierto (CA)- y de actores de la sociedad civil que hicieron aportaciones, explicó en rueda de prensa el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, pero no con el punto de vista de la oposición.
Una de las polémicas que surgió cuando se hizo público el borrador de esta ley fue la autorización a la Policía a conducir a dependencias policiales a cualquier persona cuando existieran indicios fundados de participación en un hecho con «apariencia delictiva», pues dejaba a criterio del agente este apartado.
Seguridad pública, educación o la desmonopolización de los combustibles son algunos de los múltiples asuntos que se incluyen en este proyecto.
«Nunca una ley (de urgente consideración) ha tenido tantos artículos y ha hecho cambios tan profundos», destacó el politólogo Antonio Cardarello.
Ahora, queda que los legisladores la analicen en profundidad hasta que el Ejecutivo decida enviarla formalmente al Parlamento y ponga en marcha la que habría sido su política de Gobierno si la COVID-19 no hubiera llegado a Uruguay.
(EFE)
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