El senador del Partido Nacional Sergio Botana cuestionó que las Fuerzas Armadas sean utilizadas en tareas de represión del micro y pequeño contrabando en la frontera, al considerar que ese tipo de funciones corresponde a organismos policiales o aduaneros y puede exponer a los efectivos militares a situaciones de riesgo institucional.
El planteo fue realizado durante la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del Senado del lunes 6 de julio, en el marco del tratamiento de un proyecto de ley que propone ampliar de 20 a 40 kilómetros la zona fronteriza en la que las Fuerzas Armadas pueden desarrollar tareas de vigilancia y apoyo a otros organismos del Estado.
Botana aclaró que su posición no supone rechazar la presencia militar en la frontera, sino cuestionar su participación en actividades vinculadas al combate del contrabando de menor escala. Según sostuvo, el contacto permanente con situaciones delictivas puede generar condiciones que favorezcan procesos de corrupción.
“Reconozco la absoluta minoría de la posición en la que me encuentro, pero tengo firme convicción de que sería altamente negativo porque quien está en contacto con el delito tiene el más claro y absoluto riesgo de contaminarse, de caer en el delito y de corromperse”, afirmó el legislador durante la comisión.
El senador defendió la necesidad de preservar el rol institucional del Ejército como fuerza de reserva del Estado. En ese sentido, señaló que las tareas de control directo del microcontrabando deberían mantenerse en la órbita de los organismos con competencia específica, como la Policía y la Aduana.
Para fundamentar su posición, Botana mencionó experiencias vinculadas a la frontera de Cerro Largo y sostuvo que la exposición cotidiana a organizaciones o prácticas delictivas puede afectar el funcionamiento de las instituciones encargadas del control.
El legislador también aclaró que sus expresiones no constituyen una crítica a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, dijo tener “enorme fe y confianza” tanto en los militares como en el personal del Ministerio del Interior, aunque insistió en que el Estado debe evitar asignar a sus funcionarios tareas que puedan derivar en riesgos de corrupción.
La discusión se enmarca en el análisis parlamentario sobre la ampliación del área fronteriza en la que los militares pueden cumplir funciones de vigilancia y apoyo, una propuesta que busca modificar el alcance territorial de la actuación de las Fuerzas Armadas en zonas de frontera.


























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