La Junta Departamental de Colonia derogó la ordenanza que regulaba la actividad de los cuidacoches en todo el departamento y dejó sin efecto el sistema de registro y habilitación vigente hasta ahora. La resolución fue aprobada exclusivamente con los votos del Partido Nacional, mientras que el Frente Amplio se pronunció en contra.
La iniciativa del oficialismo departamental pone fin al marco normativo que buscaba ordenar la presencia de estos trabajadores en la vía pública, especialmente en ciudades como Colonia del Sacramento. Tras la votación, la actividad queda sin regulación específica, a la espera de que la Intendencia defina cómo procederá en el plano administrativo.
Una ordenanza cuestionada por su aplicación
Durante el debate previo a la sesión, el edil del Frente Amplio Emmanuel Martínez reconoció que la normativa presentaba dificultades en su aplicación. Según sostuvo, existían “problemas al momento de aplicarla”, lo que complicaba su control y ejecución efectiva.
Sin embargo, el legislador consideró que esas falencias no justificaban su eliminación. A su juicio, correspondía corregir la ordenanza en lugar de derogarla. “La gente está trabajando”, afirmó en sala, y subrayó que quienes se desempeñan como cuidacoches lo hacen como medio de subsistencia y no por elección recreativa.
La oposición fundamentó su postura en el impacto social de la medida y advirtió que la derogación deja sin respaldo legal a personas que dependen de esa actividad para sostener a sus familias.
Debate sobre competencias
Desde el oficialismo, el edil Julio Basanta sostuvo que la norma era “ilegítima” porque atribuía funciones de seguridad y vigilancia a los cuidacoches. “Eso corresponde al Ministerio del Interior, no a la Intendencia”, declaró al diario El Observador.
El argumento central apunta a que la regulación departamental excedía las competencias del gobierno local al asignar, de hecho, responsabilidades vinculadas a la seguridad pública, una potestad que recae en el ámbito nacional.
Un escenario abierto
Con la derogación aprobada, el sistema formal de registro y habilitación queda suspendido bajo el actual formato legal. Resta ahora que la Intendencia de Colonia defina si impulsará una nueva normativa o si establecerá algún mecanismo alternativo para encauzar la actividad.
Mientras tanto, el debate político deja expuestas dos miradas: la que cuestiona la legalidad y eficacia de la ordenanza, y la que pone el acento en la dimensión social del trabajo informal en el espacio público.
Comentarios