La primera sesión de 2026 de la Comisión Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes dejó varios ejes que permiten anticipar el rumbo de las políticas públicas de igualdad en el ámbito departamental y municipal.
El encuentro, realizado el viernes 13 de febrero, tuvo como centro la comparecencia de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, quien presentó los lineamientos del organismo para el período. El énfasis estuvo puesto en la continuidad del trabajo territorial y en la articulación con los gobiernos departamentales, una señal relevante en un esquema institucional donde la ejecución de políticas sociales depende en gran medida de la coordinación multinivel.
Uno de los puntos destacados fue el anuncio de la futura presentación de una “Ley Modelo de Violencia Digital”, prevista para el 25 de febrero. El tema introduce un componente contemporáneo al debate sobre violencia de género, trasladando la discusión desde los espacios físicos hacia los entornos virtuales. La regulación en esta materia plantea desafíos jurídicos y operativos: cómo tipificar conductas, cómo garantizar pruebas digitales y cómo coordinar respuestas entre niveles de gobierno.
También se subrayó la experiencia previa de los “espacios de igualdad” dirigidos a municipios y el proyecto “Comunidad a la Calle”, que apunta a fortalecer la presencia en territorio. En este sentido, el mensaje político parece claro: descentralización y cercanía como estrategias para consolidar políticas de género más allá de la capital.
La definición de representantes en el Conapees y el intercambio sobre el Plan Nacional de Género muestran una búsqueda de institucionalización y continuidad. Sin embargo, el desafío estructural sigue siendo el mismo: traducir lineamientos nacionales en acciones concretas, sostenibles y medibles en cada departamento.
Finalmente, la decisión de que el 8 de marzo sea protagonizado por la sociedad civil, con actos oficiales al día siguiente, puede leerse como un gesto simbólico que reconoce el origen social de la agenda de género y la necesidad de mantener un equilibrio entre institucionalidad y movilización.
La sesión deja una conclusión central: la agenda de igualdad en 2026 se perfila menos discursiva y más orientada a coordinación territorial y marcos normativos específicos. Su impacto dependerá, en última instancia, de la capacidad de implementación en cada territorio.
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