DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS A LA OPINIÓN PÚBLICA
Ante la presentación de un proyecto que excluye a las universidades privadas del régimen de donaciones con exoneraciones fiscales, el Consejo de Rectores de las Universidades de gestión privada del Uruguay desea compartir con el pueblo uruguayo el retroceso que esta medida, inconsulta, arbitraria y discriminatoria, significa para el sistema educativo del país.
Las donaciones con exoneraciones fiscales permiten a las universidades desarrollar programas de becas para estudiantes de bajos recursos y proyectos de investigación que redundan en bien de todo el país. No existen motivos económicos, académicos ni de transparencia que justifiquen esta exclusión.
En lo económico, la renuncia fiscal resulta insignificante con el total del gasto público anual en educación. En el 2015, el presupuesto educativo fue de 1500 millones de dólares y las donaciones recibidas por las universidades privadas supusieron un 0,1% de este monto. En la propuesta no existe un ahorro para el Estado ya que el total de donaciones no disminuye, sino que pasan a ser gestionadas por otras instituciones públicas o privadas.
Tampoco constan motivos académicos. La aparición de las universidades privadas ha significado un enriquecimiento para el Uruguay en términos de la oferta académica y la innovación en materia educativa, con incorporación de nuevas carreras, nuevos enfoques, nuevas metodologías y nuevas visiones del mundo. Esto ha redundado en más posibilidades de desarrollo, investigación y conocimiento.
El sistema de beneficios fiscales ha sido y es ampliamente difundido y utilizado internacionalmente porque colabora en beneficio de toda la sociedad. Además, es un sistema con mecanismos previstos para asegurar su transparencia. Las universidades privadas son instituciones sin fines de lucro y el mecanismo aprobado por el mismo partido de gobierno 10 años atrás, señala explícitamente qué tipo de proyectos han de aprobarse. Es el Ministerio de Economía y Finanzas quien revisa, controla y aprueba –o no– cada uno de ellos, así como sus fines y montos.
Sin duda un aspecto negativo del proyecto es la afectación del futuro de los miles de estudiantes que podrían acceder a las universidades privadas. Ellos y sus familias encontrarían en esas becas un estímulo para elegir libremente su lugar de estudios y su futuro, aun cuando con sus impuestos sigan contribuyendo al presupuesto de la enseñanza estatal. También quedarán afectados varios proyectos de investigación e innovación cuyos resultados son, sin dudas, bienes públicos.
Pero probablemente el punto más grave de esta propuesta es que significa un retroceso en el desarrollo del sistema educativo universitario. Los promotores del proyecto dejan de manifiesto el carácter “ideológico” de su motivación. Lamentamos que subsistan visiones que no reconozcan ni valoren el desempeño académico, social y económico que nuestras instituciones han aportado para todo el Uruguay.
El discurso de los promotores de esta medida, retoma la falsa oposición entre la educación pública y la privada que el país ya había dejado atrás. Todo lo que se haga a favor de la educación, que es un bien público, sea gestionada por instituciones estatales o de otras áreas de la sociedad, es simplemente el cumplimiento cabal del derecho a la libertad de enseñanza dispuesto por nuestra Constitución.
Esperamos que los señores legisladores de todos los partidos, teniendo en cuenta esta realidad, desestimen el referido planteo.
Creemos que los uruguayos nos merecemos otro tipo de debate, que busque los mejores caminos para apoyar las actividades que lleven al crecimiento de todos. Esa es la forma de hacer más grande al país. Las universidades privadas reafirmamos nuestro compromiso en la construcción de una ciudadanía cada vez más ilustrada, cada vez más fuerte y, por ello, cada vez más libre.
Universidad Católica del Uruguay
Universidad Ort del Uruguay
Universidad de Montevideo
Universidad de la Empresa
Instituto Universitario CLAEH
