El último informe disponible sobre el monitoreo conjunto de la planta Orión de UPM, en Fray Bentos, volvió a instalar diferencias técnicas entre Uruguay y Argentina sobre la interpretación de los controles ambientales en el río Uruguay.
Según publicó El Observador, el reporte de 2023 —mientras el de 2024 continúa en análisis— incluyó 12 ingresos a la planta y el relevamiento de 117 parámetros. De ellos, 55 están reglamentados y 62 no tienen normativa específica aplicable. Los valores regulados estuvieron por debajo de los límites permitidos, salvo una medición de fósforo registrada en abril de ese año.
La controversia surgió en los ensayos complementarios de toxicidad realizados con Daphnia magna, un organismo utilizado como bioindicador ambiental. Tres técnicos —dos argentinos y un uruguayo— interpretaron que los efluentes provocaron toxicidad en noviembre y diciembre de 2023, mientras que otro especialista uruguayo concluyó que no hubo incumplimientos normativos.
La diferencia se centra en cómo aplicar el Digesto del Río Uruguay: en las muestras puras no se alcanzó el umbral de mortalidad del 50% exigido para declarar “toxicidad aguda”, pero en algunas diluciones sí se registraron efectos estadísticamente significativos sobre los organismos analizados.
La CARU mantiene desde 2011 un programa mensual de monitoreo sobre los efluentes de UPM y controles en la zona de influencia del río. Ahora, los técnicos analizan las muestras de 2024 para determinar si lo detectado fue un episodio puntual o parte de un fenómeno extendido.
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