La Fiscalía Departamental de Rosario obtuvo la condena de dos personas por su participación en una organización dedicada al suministro de sustancias estupefacientes en la ciudad de Juan Lacaze, departamento de Colonia. Las sentencias se alcanzaron mediante un proceso abreviado, tras una investigación desarrollada por el Ministerio Público con apoyo policial.
La causa estuvo a cargo del fiscal titular Hugo Pereira y se inició a partir de denuncias anónimas recibidas a través del servicio 0800 2121, que advertían sobre la existencia de bocas de venta de drogas en distintos puntos de la ciudad. A partir de esa información, se desplegaron tareas de vigilancia, videoregistros en espacios públicos, allanamientos y otras actuaciones que permitieron reconstruir el funcionamiento de la red.
De acuerdo con lo establecido en la investigación, uno de los condenados asistió de forma reiterada a los responsables directos de la actividad delictiva, colaborando para asegurar el beneficio económico del suministro de estupefacientes. Entre otras conductas, se le atribuyó la recolección de dinero proveniente de las bocas de venta y acciones destinadas a obstaculizar o eludir la intervención de la Justicia.
La otra persona fue condenada por encubrimiento agravado, al haber prestado ayuda con posterioridad a la comisión de los delitos, sin acuerdo previo, facilitando la continuidad de las maniobras ilícitas y entorpeciendo la labor de las autoridades.
Las actuaciones permitieron constatar traslados de dinero, vínculos con distintos puntos de comercialización y conexiones con otras causas judiciales tramitadas en el marco de operativos antidrogas realizados en la zona. La Fiscalía presentó evidencia documental y testimonial, que incluyó registros administrativos, actas policiales, pericias sobre sustancias incautadas y declaraciones de funcionarios actuantes.
Como resultado del acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa, una de las personas fue condenada por un delito de asistencia a los agentes de la actividad delictiva a la pena de dos años y dos meses de penitenciaría, en atención a su condición de reincidente. En el caso de la otra condenada, se impuso una pena de 20 meses de prisión como autora penalmente responsable de encubrimiento agravado. No obstante, y tras acreditarse una situación excepcional, la Justicia dispuso sustituir el ingreso a un centro de reclusión por arresto domiciliario total con monitoreo electrónico, durante todo el plazo de la condena.
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