De la Redacción de Carmelo Portal
En medio del debate preelectoral rumbo a los comicios departamentales, las declaraciones del senador Nicolás Viera han despertado una polémica que amerita ser desmenuzada con precisión jurídica y rigor informativo. El legislador, que aspira a la Intendencia de Colonia por el Frente Amplio, calificó como “falsa” la información que dimos sobre la ausencia de su declaración en la página oficial de la Jutep y a su vez el detalle no menor, sobre la obligatoriedad de presentar una nueva declaración jurada al postularse a dicho cargo. Sin embargo, un repaso por la normativa vigente revela que su afirmación carece de sustento legal.
La Ley N.º 17.060, que regula las declaraciones juradas de los funcionarios públicos en Uruguay, establece con claridad que todo servidor del Estado está obligado a presentar este documento cada vez que su situación funcional se modifica de forma sustancial. Esto incluye ceses, designaciones, ascensos y toda variación significativa en su relación contractual o remuneración.
Este principio, diseñado para garantizar la transparencia y la trazabilidad del patrimonio de quienes ocupan cargos públicos, se aplica de forma general: desde docentes que suman o reducen horas, hasta parlamentarios que asumen un nuevo escaño o se postulan a un cargo electivo en otro nivel de gobierno.
En el caso del senador Viera, su última declaración jurada fue presentada en 2020, al ingresar a la Cámara de Diputados. Cuatro años después, y tras la renuncia del senador Alejandro Sánchez, asumió una banca en la Cámara Alta en marzo de este año. Ese cambio de función –de diputado a senador– implicaba, de por sí, la obligación de actualizar su declaración. Más aún lo es ahora, al iniciar una campaña como precandidato a la Intendencia de Colonia.
Aunque todavía no ha asumido formalmente un nuevo cargo, el hecho de aspirar a una jefatura departamental exige un nuevo proceso de transparencia, por tratarse de una función distinta, con responsabilidades, remuneración y exposición pública diferentes. No se trata de un matiz menor: implica pasar de un poder del Estado (el Legislativo) a otro nivel de gobierno (el Departamental), lo que activa los requisitos previstos en la normativa.
Además, desde 2021, las declaraciones juradas se presentan en formato digital a través de la plataforma de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), lo que garantiza su trazabilidad, reduce la burocracia y fortalece el principio de rendición de cuentas.
Negar esta obligación o relativizar su alcance, como lo ha hecho el senador, no solo desinforma a la opinión pública, sino que debilita un pilar esencial del sistema republicano: la transparencia.
En este sentido, no se trata de un debate opinable, sino de una normativa precisa. La omisión en la actualización de una declaración jurada constituye un incumplimiento, tanto en lo legal como en lo ético. En tiempos en que la credibilidad institucional está bajo la lupa, el apego riguroso a las reglas no debería ser una excepción, sino una regla de oro.
- Parte del documento que adjuntó el Senador Nicolas Viera a Carmelo Portal como prueba de tener su declaración jurada.
Comentarios