Por Mtro. Nicolás Viera
Representante Nacional (s).
Vicepresidente Frente Amplio – Colonia |
Polvareda y pico ha levantado el tema de no continuar con las exoneraciones fiscales a las universidades privadas.
Si bien es una propuesta que no nos pertenece, la compartimos ampliamente. Sin lugar a dudas, el hecho que las repercusiones públicas sean del tenor que todos vemos, muestra que en el fondo se están tocando intereses variados, de corte clasista y con un trasfondo mercantil claro. Es un problema ideológico. Que nadie vaya a creer que se pone en juego la existencia de las instituciones de enseñanza privadas porque como bien han manifestado algunos legisladores de oposición, se trata de “una ínfima suma de dinero” comparado con las divisas que se manejan en ese mundo. La iniciativa busca modificar el Texto Ordenado 1996 sobre el pago del IRAE donde se establece que las empresas privadas que deseen donar pueden hacerlo a instituciones privadas o públicas deduciendo hasta el 83% del monto donado en el pago del IRAE.
Cuando una empresa realiza la donación, el 83% lo paga el Estado mediante una renuncia fiscal; por tanto, el proyecto que recientemente aprobaron los diputados habilita al Estado a quitar esa renuncia fiscal con destino a las universidades privadas. Durante el año 2015, las donaciones de este tenor fueron de un monto aproximado a los 45 millones de pesos de los cuales alrededor de 35 millones de pesos fueron tomados por el Estado como renuncia fiscal con destino a instituciones privadas.
A todo esto hay que sumarle los beneficios establecidos por el artículo 69 de la Constitución de la República que a texto expreso dice: “Las instituciones de enseñanza privadas y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios”, lo que comprende la exoneración de contribución inmobiliaria de los inmuebles pertenecientes a las mencionadas instituciones, el no pago del impuesto de primaria, del IVA, aportes patronales, la exoneración del pago de patente de los vehículos afectados a tales instituciones entre otros beneficios.
Se ha dicho que sin los beneficios fiscales, las universidades privadas dejarán de otorgar becas a alumnos de bajos recursos. Si eso ocurre, tiene que quedar claro que es una decisión empresarial y no estatal. Esa postura revela que es el Estado quien aporta el dinero para pagar las becas que otorgan las universidades y no son las instituciones privadas las que realizan el esfuerzo.
Desde la Iglesia se dice que en aras de la solidaridad para con la sociedad, las instituciones privadas brindan su servicio a la comunidad. Por otro lado, los mismos manifiestan que sin los beneficios fiscales cerrarían varios centros educativos de enseñanza privada. Entonces surgen algunas preguntas, ¿se trata de solidaridad o de beneficio fiscal? ¿Realmente las instituciones privadas aplican la solidaridad o utilizan los beneficios fiscales y se visten de solidarios para beneficio propio? ¿Están convencidos de eso o es simple aspaviento verbal?
ESTADO Y EDUCACIÓN PÚBLICA
No hay dudas que cuando el Estado participa de las políticas públicas genera mayor y mejor reparto, garantiza equidad en el acceso, pone en pie de igualdad los derechos de todos los ciudadanos y plantea cuestiones de fondo en términos de equidad. Lo privado siempre va de la mano del valor material y vales en la medida de lo que tienes y no en la medida de lo que eres.
Por eso, quienes tenemos una visión de izquierda entendemos que el Estado debe velar por el fortalecimiento de la educación pública como encuentro de todos donde podamos acceder sin barrera alguna y de la forma más igualitaria posible. Esto no significa que seamos radicales militantes antiprivados, simplemente entendemos que el Estado no tiene la necesidad de subvencionar empresas que brindan servicios de educación.
Recientemente el senador Ernesto Agazzi agregó otro aspecto a esta discusión cuando dijo que la iniciativa debería dirigirse “no solo a las universidades privadas, sino también a los colegios, las escuelas y toda institución privada”. También dijo: “Está la universidad pública abierta para todos, no pregunta de qué religión es el estudiante o qué perfil tiene”, y si existe una universidad privada que postula determinadas ideas “el Estado no tiene por qué subvencionarla”.
Incluso, si se deseara ver el tema desde el punto de vista de la inversión del Estado, también resulta claro, porque cuando los recursos son finitos, limitados, quien evalúa donde dirigir esos recursos es el Estado y al momento de fijar prioridades no hay dudas que siempre lo público debe estar sobre lo privado por la razón del bien general. El especialista Martín Pasturino planteó recientemente que la discusión de fondo no está puesta en el millón y medio de dólares que representa la deducción de impuestos, sino que la disputa es por 280 millones de dólares.
“Un liceo de elite, cuyo presupuesto es de 5 millones de dólares, con mil alumnos, tiene una exoneración de un millón 250 mil dólares, quiere decir que el subsidio por alumno es de 1250 dólares, mientras que en un liceo pobre es solo de 250 dólares por alumno. Esto se conoce en economía de la educación como el efecto ‘Mateo’, es darle más al que más tiene y sacarle al que menos tiene”.
La Universidad de la República maneja un presupuesto de 370 millones de dólares y según Pasturino “a la educación pública no se le exonera del IVA, pero además se le carga con aportes patronales”, cosa que sí ocurre con los institutos privados. En definitiva, se trata de enfocar la discusión sobre las políticas relacionadas con las personas y no en las instituciones porque el Estado tiene que preservar los derechos de los más vulnerables que seguramente no son los que acceden a la educación terciaria (privada o pública) de este país.
El debate está abierto y este incluye discutir sobre el porcentaje de renuncia fiscal que debe generar el Estado, si es el que rige o hay que modificarlo de forma tal que el Estado y las empresas que realizan el “donativo” tengan una carga más equilibrada que la ecuación actual. Además, hay que plantearse si la renuncia fiscal debe darse hacia todas las instituciones privadas o solo hacia algunas teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las personas depositarias de las políticas educativas.
