El senador Andrés Ojeda (Partido Colorado) presentó un proyecto de ley para establecer un marco jurídico que habilite al Ministerio del Interior a utilizar infraestructura, vehículos y recursos logísticos del Ministerio de Defensa en operativos de seguridad pública, en particular contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La iniciativa surge en el contexto del debate por la eventual utilización de los vehículos blindados Mamba MK7 del Ejército Nacional en tareas de seguridad interna. Esos vehículos fueron donados por Estados Unidos al Ejército uruguayo y, según informó oficialmente el Ejército, la primera entrega incluyó 13 unidades Mamba MK7 en julio de 2024, destinadas a integrar una Fuerza de Rápida Respuesta para operaciones de paz en el exterior. En marzo de 2026 se completó el denominado “Proyecto Mamba” con la entrega de un vehículo recuperador, en el marco de una donación total de 14 vehículos blindados.
El planteo de Ojeda apunta a ordenar jurídicamente una decisión que ya forma parte de la discusión política nacional: el uso de medios del Ejército en apoyo a operativos policiales. El presidente Yamandú Orsi anunció el 22 de junio que el gobierno resolvió “redoblar el combate contra el crimen organizado” y direccionar infraestructura de seguridad con ese fin. Medios nacionales informaron que el Ministerio del Interior trabaja en un convenio con Defensa para utilizar vehículos Mamba en barrios de Montevideo con mayor incidencia delictiva, bajo mando de la Policía Nacional.
El eje del proyecto no está puesto en trasladar la conducción de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, sino en permitir que determinados medios materiales de Defensa puedan ser empleados por Interior. En ese punto, Ojeda coloca el énfasis en tres aspectos: respaldo político al uso de los recursos, necesidad de coordinación institucional y exigencia de garantías jurídicas para evitar improvisaciones.
La conducción de los procedimientos, de acuerdo con el texto presentado, permanecería bajo responsabilidad policial. Ese punto es central en el argumento del senador, porque busca diferenciar el apoyo logístico o técnico de una militarización de la seguridad. La Ley Orgánica Policial establece que el mantenimiento del orden y la seguridad pública interna corresponde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, y que la Policía Nacional es la fuerza pública en materia de orden público y seguridad interna.
El proyecto también introduce otro aspecto sensible: la eventual participación de efectivos militares en la conducción y operación de los vehículos. La propuesta procura regular en qué condiciones podrían actuar, bajo qué mando operativo y con qué capacitación. Allí aparece una de las principales referencias jurídicas del debate, ya que la Ley Marco de Defensa Nacional define a las Fuerzas Armadas como institución militar de la defensa y establece como cometido fundamental la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, los recursos estratégicos y la paz de la República.
En términos políticos, Ojeda respalda la decisión de utilizar recursos disponibles del Estado para enfrentar al crimen organizado, pero intenta desplazar el debate desde la conveniencia de usar o no los Mamba hacia la forma en que debe hacerse. Su argumento no se centra en una ampliación general del rol militar, sino en la necesidad de que cualquier apoyo de Defensa a Interior tenga competencias definidas, mando claro, capacitación específica y cobertura legal.
Lo que el planteo no desarrolla, al menos en la información difundida, son los detalles operativos concretos: zonas de despliegue, duración de los operativos, protocolos de actuación, mecanismos de control parlamentario, criterios de evaluación de resultados y alcance exacto de la participación militar. Tampoco se precisa si el marco propuesto quedaría limitado al uso de vehículos blindados o si podría extenderse a otros recursos logísticos del Ministerio de Defensa.
La iniciativa de Ojeda se ubica, por tanto, en una zona intermedia del debate político. Por un lado, acompaña el uso de infraestructura militar en apoyo a la seguridad pública frente al avance del narcotráfico y del crimen organizado. Por otro, plantea que esa decisión debe pasar por una regulación expresa y no quedar únicamente sujeta a convenios administrativos entre ministerios.
El proyecto deja planteada una discusión de fondo: cómo puede el Estado aprovechar recursos ya existentes para fortalecer la seguridad interna sin alterar la conducción civil y policial de los operativos. En esa tensión se ubica el principal énfasis del senador: más que discutir el uso puntual de los Mamba, propone definir por ley los límites, responsabilidades y garantías de una coordinación entre Interior y Defensa.
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