Ya casi nadie quiere anunciar una comisión. La palabra envejeció mal. Huele a expediente, a burocracia, a reunión estéril, a café recalentado y acta sin consecuencias. “Comisión” suena a demora. A ese reflejo tan conocido de los aparatos públicos cuando no saben, no quieren o no pueden resolver un problema. Por eso empezó a imponerse otra palabra, más amable, más dúctil, más presentable: mesa.
Mesa de trabajo. Mesa interinstitucional. Mesa de coordinación. Mesa de diálogo. Mesa técnica. La política encontró ahí una palabra más simpática para una vieja necesidad: mostrar que está haciendo algo.
La escena se repite. Hay un conflicto, una crisis, una demanda que crece o un problema que ya no se puede seguir pateando. Entonces se convoca a una mesa. Se sientan representantes de distintas áreas, organismos, niveles del Estado, a veces también referentes sociales, técnicos, especialistas. La foto transmite compromiso. La nómina de participantes pretende dar volumen. Cuantos más actores, mejor parece. Pero ahí mismo empieza el problema.
Porque una mesa amplia puede servir para escuchar, coordinar, intercambiar información, incluso para ordenar diagnósticos. Lo que no siempre garantiza es algo bastante más importante: que alguien decida, ejecute y responda.
Ese es el punto ciego de muchas arquitecturas institucionales contemporáneas. A medida que se multiplican los organismos sentados alrededor del mismo asunto, se vuelve más difusa la pregunta esencial: ¿quién se hace cargo? Todos participan, pero no siempre alguien conduce. Todos tienen algo para decir, pero nadie termina de asumir el peso completo de actuar. Todos aparecen en la convocatoria, pero la responsabilidad se reparte tanto que acaba por licuarse.
La mesa, entonces, corre el riesgo de convertirse en una tecnología elegante de la dilución.
No hace falta suponer mala fe para que eso ocurra. A veces sucede por hábito burocrático. Otras, por miedo político. Nadie quiere dejar afuera a un actor relevante; nadie quiere quedar como único responsable de una decisión costosa; nadie quiere pagar en soledad el precio de una medida impopular o el costo de un fracaso. Entonces se arma una estructura colectiva que, bajo la promesa de coordinación, también reparte riesgos.
La coordinación, desde ya, puede ser necesaria. Sería absurdo negar que hay problemas que exigen intervención conjunta. Seguridad, niñez, salud mental, vivienda, adicciones, ambiente, violencia urbana: casi nada importante se resuelve hoy desde una ventanilla única. Pero una cosa es coordinar y otra, muy distinta, es sustituir la decisión por una ronda interminable de articulaciones. Una cosa es sumar capacidades; otra, esconder la falta de mando detrás de una mesa cada vez más numerosa.
Ahí aparece el valor político del lenguaje. La palabra “mesa” no sólo reemplazó a “comisión” por razones estéticas. La reemplazó porque necesitaba despegarse de su mala fama. Porque “comisión” activa de inmediato un repertorio social reconocible: si querés que algo no funcione, formá una comisión. La frase popular es brutal, pero no nació de la nada. Resume una experiencia colectiva de impotencia frente a estructuras creadas para estudiar indefinidamente lo que nadie termina de resolver.
“Mesa”, en cambio, suena distinta. Tiene calor humano. Sugiere horizontalidad, cercanía, trabajo compartido. Evoca menos rigidez, menos sello oficial, menos naftalina administrativa. En términos de comunicación política, es una palabra mucho más eficaz. El problema es que la semántica no reemplaza a la gestión. Cambiarle el nombre a una comisión no la vuelve más útil. Apenas la vuelve más vendible.
Por eso conviene desconfiar de cierta inflación de mesas. No de todas, pero sí de aquellas que se anuncian con solemnidad, acumulan participantes, producen comunicados y, sin embargo, nunca terminan de traducirse en medidas verificables. Mesas que deliberan, pero no resuelven. Que se reúnen, pero no ejecutan. Que ordenan la foto, pero no el problema.
En esos casos, la mesa funciona menos como herramienta de intervención que como dispositivo de administración política del conflicto. Sirve para mostrar presencia, repartir protagonismo, bajar tensiones, ganar tiempo. A veces alcanza para descomprimir. A veces ni siquiera. Lo que rara vez consigue, sin diseño claro, es producir responsabilidad.
Y la responsabilidad, en una democracia, no es un detalle técnico. Es el corazón mismo de la acción pública. Gobernar no consiste sólo en convocar actores ni en exhibir diálogo. Gobernar también implica establecer prioridades, fijar plazos, concentrar mando y aceptar que, al final del proceso, alguien tendrá que responder por lo hecho o por lo que no se hizo.
Ese es el criterio que permite distinguir una mesa útil de una coartada. Una mesa sirve cuando tiene objetivos precisos, jerarquía clara, responsables identificables, calendario, capacidad operativa y mecanismos de seguimiento. Sin eso, la pluralidad institucional puede sonar virtuosa, pero en la práctica se vuelve dispersión. Y la dispersión, cuando nadie la corrige, termina siendo una forma de irresponsabilidad compartida.
La política aprendió hace tiempo que las palabras importan. Por eso dejó de hablar de comisiones y empezó a hablar de mesas. Lo que todavía no resolvió es algo bastante más difícil que el maquillaje verbal: cómo evitar que, cuando se sientan demasiados alrededor del mismo problema, se levanten todos sin que nadie haya quedado realmente a cargo.
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