Por Rodolfo Jorajuría
El proyecto, presentado por un equipo vinculado a la salud pública y acompañado por el concejal suplente Brian Brajús, fue aprobado en una primera etapa y espera ahora la definición sobre su financiamiento. La iniciativa apunta a Carmelo, Nueva Palmira y Conchillas, con la intención de sumar más adelante a Ombúes de Lavalle.
La salud mental volvió a instalarse en el centro de la agenda pública en Uruguay con una nueva línea de trabajo orientada al territorio. En ese marco se inscribe Acción País por la Salud Mental, una iniciativa de alcance nacional que busca construir compromisos entre actores públicos, sociales y comunitarios, en línea con la Ley de Salud Mental y con las estrategias nacionales que promueven un abordaje integral, con foco en derechos, prevención y participación.
En diálogo sobre este proceso, el concejal suplente por el Frente Amplio Brian Brajús explicó que, a escala local, un equipo integrado por referentes del ámbito de la salud pública presentó una propuesta para trabajar la problemática en el oeste del departamento de Colonia. Mencionó entre sus integrantes a Laura, directora del Hospital de Carmelo; Tatiana Vela, su adjunta; y las doctoras Susana Helbusch, Karina Pezzutti y Fabiana Diana.
Según señaló, el proyecto fue presentado el año pasado en una convocatoria nacional y quedó entre los seleccionados en una primera etapa. “Hubo 900 postulaciones; nosotros fuimos uno de los 300 aprobados”, indicó. Después de esa instancia, el grupo defendió la propuesta en Montevideo y quedó habilitado para avanzar hacia una fase decisiva: la evaluación del financiamiento. Brajús precisó que el presupuesto fue presentado a fines de enero y que los resultados se conocerían hacia fines de abril.
La propuesta no se limita a Carmelo. Brajús sostuvo que el equipo resolvió trabajar con una mirada territorial, a partir de una red de acción que abarca Nueva Palmira, Carmelo y Conchillas, con la intención de incorporar más adelante a Ombúes de Lavalle. La decisión, explicó, respondió a la idea de que la realidad de la salud mental y de la prevención del suicidio no puede pensarse de forma aislada en una sola ciudad.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la articulación con instituciones y actores sociales del territorio. Brajús explicó que, si la propuesta obtiene financiamiento, el primer paso sería convocar a organismos y colectivos que ya trabajan en el campo de la salud mental, tanto desde el sistema público como desde el ámbito privado y comunitario. La intención, dijo, es construir una intervención alineada con las directrices nacionales del Ministerio de Salud Pública y con dispositivos existentes como Ciudadela.
A esa base institucional se sumaría una campaña de concienciación y comunicación pública. El objetivo, según planteó, es instalar la idea de que problemas como la depresión, la ansiedad, los consumos problemáticos o los intentos de autoeliminación no deben leerse como hechos estrictamente individuales, sino como situaciones que involucran al entorno social. “No es algo particular de la persona; es del entorno”, resumió.
La iniciativa prevé, además, una línea de trabajo específica en formación y capacitación. Brajús explicó que la propuesta apunta a ofrecer herramientas para la detección temprana, la respuesta inicial y el acompañamiento posterior. En ese marco, mencionó como posibles destinatarios a maestros, profesores, policías, referentes barriales, organizaciones sociales, grupos religiosos y otras instituciones comunitarias. La idea, señaló, es que esos actores puedan contar con recursos básicos para actuar ante señales de alarma, acompañar situaciones críticas y colaborar con el sistema de salud sin sustituirlo.
En su explicación, Brajús ordenó esa formación en tres momentos: la prevención, la intervención temprana y el acompañamiento posterior, tanto de la persona afectada como de su entorno familiar y educativo. Allí ubicó uno de los puntos que, a su juicio, hoy presentan mayores carencias: no siempre faltan especialistas, dijo, pero sí se advierten dificultades para ampliar la respuesta institucional por la ausencia de llamados que permitan ocupar cargos.
Sobre ese punto, afirmó que uno de los reclamos planteados por el equipo en Montevideo fue precisamente la necesidad de abrir nuevos cargos de psicólogos, psiquiatras y equipos de acompañamiento familiar. Según sostuvo, los profesionales existen, pero no siempre se generan las condiciones para incorporarlos. También indicó que esa dificultad alcanza tanto a la salud pública como al sector privado.
Como ejemplo de las desigualdades en la respuesta territorial, señaló que en Carmelo no habría psicólogos disponibles y que algunos casos son derivados a Nueva Palmira, donde sí existe una mayor presencia profesional. A su entender, esa distribución requiere una explicación y refuerza la necesidad de pensar políticas adaptadas a la realidad concreta de cada localidad.
Brajús aportó, además, algunos datos que, según indicó, le fueron proporcionados a partir de información pública del Ministerio de Salud Pública. Señaló que en Nueva Palmira se registra un promedio mensual de 4,8 pacientes por intentos de autoeliminación sobre una población usuaria de 5.200 personas, mientras que en Carmelo, con unos 12.000 usuarios, el promedio mensual sería de 5,5 pacientes. A partir de esas cifras, sostuvo que la problemática exige una respuesta que supere la escala puramente local.
El proyecto, añadió, resolvió focalizarse especialmente en la población adulta y adulta mayor, desde los 20 años en adelante, en parte porque ya existen otras iniciativas aprobadas con foco en niños, adolescentes y jóvenes. Esa definición no excluye la posibilidad de trabajar con instituciones educativas, pero ordena la prioridad de la propuesta en otro tramo etario.
Durante la conversación también aparecieron otros factores asociados a la problemática. Brajús mencionó, entre ellos, las situaciones de violencia intrafamiliar y de violencia de género, que, según dijo, se presentan de forma reiterada y pueden incidir de manera severa en la salud mental de las personas. En ese punto, remarcó la importancia de reforzar la capacidad de prevención del Estado y de sostener políticas que no dependan de cambios de administración.
En esa línea, sostuvo que la salud mental y la prevención del suicidio requieren una política de Estado con continuidad, presencia territorial y trabajo interinstitucional. Esa es, en definitiva, la lógica en la que el proyecto busca inscribirse: una red local que no reemplace al sistema de salud, pero que ayude a detectar, contener, orientar y acompañar allí donde muchas veces la demanda supera la capacidad de respuesta inmediata.
La iniciativa espera ahora la resolución sobre su financiamiento. Si avanza, el oeste de Colonia podría convertirse en uno de los territorios donde esa nueva estrategia empiece a tomar forma concreta.
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