La presentación de documentación por parte de Rondatel S.A., propietaria del Frigorífico Rosario, abre una nueva etapa administrativa, pero no resuelve todavía la incertidumbre laboral y productiva que rodea a unos 150 trabajadores. La empresa, de capitales chinos, entregó ante el Ministerio de Trabajo los elementos requeridos para avanzar en una eventual extensión del seguro de paro, después de haber superado el plazo inicial previsto.
El trámite pasa ahora a la Dirección Nacional de Seguridad Social, que deberá evaluar si la solicitud se ajusta a la normativa vigente. El punto central no es solo formal. La prórroga del seguro de paro puede dar oxígeno a las familias afectadas y evitar una ruptura inmediata del vínculo laboral, pero no constituye por sí misma una salida económica sostenible.
El caso expone tres planos de un mismo problema. En lo social, mantiene en suspenso a trabajadores que dependen de una definición estatal y empresarial para conocer su futuro inmediato. En lo económico, muestra la fragilidad de una actividad condicionada por mercados externos, costos operativos y falta de certezas productivas. En lo institucional, obliga al Gobierno a equilibrar sensibilidad laboral, cumplimiento normativo y respaldo financiero.
Las alternativas manejadas —cumplir los requisitos legales, presentar un respaldo económico cercano a los ocho millones de dólares o esperar una resolución directa del Poder Ejecutivo— reflejan que el margen de decisión aún está abierto. Mientras tanto, la falta de avances para exportar a China reduce las perspectivas de reactivación plena.
La reunión prevista para el 14 de mayo será clave, aunque el desafío de fondo seguirá siendo el mismo: transformar una prórroga laboral en un proyecto productivo viable.
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