El Poder Ejecutivo puso en marcha una readecuación del sistema de transferencias a los gobiernos departamentales y municipales, con el objetivo de optimizar su impacto y alinearlo con las políticas prioritarias y la equidad territorial. La medida, identificada como Compromiso N.º 18 – Descentralización, es coordinada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y se encuentra en fase de implementación.
El acuerdo, alcanzado en julio de 2025 en el ámbito de la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) entre el Poder Ejecutivo y los 19 intendentes, fue incorporado a la Ley de Presupuesto Nacional 2025–2029 y establece el mayor nivel de transferencias del gobierno nacional hacia los departamentos en la historia del país, con una inversión estimada en 800 millones de dólares anuales.
Más recursos y nuevos criterios de asignación
El objetivo central es readecuar el marco de transferencias para potenciar su impacto, articulando los fondos con políticas prioritarias y promoviendo la equidad territorial.
En ese marco, se fortaleció el rol de la Comisión Sectorial de Descentralización, integrada por delegados del Congreso de Intendentes y representantes del Poder Ejecutivo —Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Turismo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial— bajo la coordinación de la OPP.
La Constitución, en su artículo 214 literal C, establece que el Presupuesto Nacional debe incluir la estimación de recursos y el porcentaje a asignar a los gobiernos departamentales, con asesoramiento de la CSD.
Fondos reforzados y creación de un nuevo instrumento
El acuerdo contempla la asignación de recursos a distintos programas y fondos de descentralización:
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Fondo de Desarrollo del Interior (FDI): US$ 425.451.876.
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Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional III (PDGS III) (2023–2028): US$ 108.000.000.
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Programa de Caminos Rurales Productivos II (PCRP II) (2023–2028): US$ 100.000.000.
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Mantenimiento de caminería rural: US$ 85.556.054.
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Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal (FIGM): US$ 327.918.316.
Además, el FDI aumentó la participación de los gobiernos departamentales del 40 % al 45 %, manteniendo su foco en infraestructura y desarrollo social y productivo en zonas con mayores carencias.
Entre las principales novedades figura la creación del Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE), por un total de US$ 80 millones, con asignación diferenciada: US$ 45 millones para Montevideo y Canelones y US$ 35 millones para el resto del país.
Los proyectos deberán ser aprobados por la CSD, previo informe de la OPP, y no requerirán contrapartida por parte de los gobiernos departamentales. Para su implementación se trabajó junto a la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en los términos de referencia del fondo.
Fondos concursables y herramientas de información
En el marco del acuerdo también se disponen US$ 15.775.000 para fondos concursables instrumentados dentro del PDGS III y del PCRP II.
Para 2026 se prevé el lanzamiento de fondos concursables piloto adicionales, en conjunto con socios estratégicos con presencia territorial. En marzo de ese año se presentarán los resultados del Fondo Concursable de Caminería Rural, cuyo llamado —abierto en octubre de 2025— exigió que las intendencias se postularan bajo modalidad asociativa.
Asimismo, se proyecta el relanzamiento del Observatorio Territorio Uruguay (OTU) y del Mirador Ciudadano, con el fin de facilitar el acceso público a la información y permitir el seguimiento de la ejecución de los fondos.
Próximos pasos
Entre los desafíos para 2026 figura la articulación del destino de los fondos con los Compromisos de Gobierno, definiendo criterios que permitan coordinar inversiones entre gobiernos departamentales y ministerios. Además, se prevé contar con el reglamento operativo del FIE en junio de 2026.
Con este esquema, el Ejecutivo busca consolidar un modelo de descentralización que fortalezca la gestión subnacional, mejore la planificación territorial y asegure una asignación más eficiente y transparente de los recursos públicos.
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