El megaproyecto urbanístico +Colonia, presentado como una de las apuestas más ambiciosas de desarrollo territorial en el departamento, atraviesa un momento de revisión. En el centro del debate se encuentra una supuesta deuda con la Intendencia de Colonia, vinculada a las “contraprestaciones por concepto de retorno de valorizaciones”, establecidas por la Junta Departamental en mayo de 2022.
La posición de la Intendencia
Según informó la Dirección de Hacienda y Administración de la Intendencia, la recategorización de las tierras involucradas en el emprendimiento generó una obligación aproximada de 1.900.000 dólares. De ese total, las cuotas mensuales fijadas alcanzan los 158.574 dólares. Hasta el momento, se habría registrado un solo pago, lo que motivó el seguimiento del caso por parte de la comuna.
El martes 28, autoridades departamentales encabezadas por el director de Planificación y Ambiente, Miguel Asqueta, se reunieron con representantes de +Colonia. Participaron también Gonzalo Santos, de la Dirección de Obras, y Manuel Odriozola, del Departamento de Arquitectura, junto a las edilas Malvina Saret (Partido Colorado) y Mónica Rivero (Frente Amplio), integrantes de la comisión de seguimiento de la Junta Departamental.
Durante el encuentro, los representantes del proyecto reconocieron la existencia de deudas y manifestaron dificultades para cumplir con los pagos en los plazos establecidos. Según trascendió, la reunión tuvo momentos de tensión, aunque se mantuvo en el ámbito técnico y de diálogo.
“La deuda existe”, dijo el intendente
En declaraciones a la prensa durante la conmemoración por los 100 años del puerto de Colonia, el intendente Guillermo Rodríguez confirmó la existencia de la deuda y aseguró que el tema está siendo tratado por la Dirección Jurídica de la comuna.
“Es algo que vamos a conversar y seguramente se llegue a un acuerdo”, expresó Rodríguez. “En este tipo de inversiones no estamos hablando de cifras exuberantes, pero las cosas hay que llevarlas por los carriles legales, como se debe”.
Con estas palabras, el jefe comunal buscó transmitir una señal de confianza hacia el proyecto, que ha sido presentado desde sus inicios como una oportunidad para transformar el perfil urbanístico y económico del departamento, pero que hoy requiere precisiones administrativas.
La respuesta de +Colonia
En un comunicado público, el emprendimiento explicó que el Contrato Plan —instrumento central del acuerdo público-privado— establece las obligaciones de +Colonia, que incluyen la cesión de tierras a la Intendencia, la ejecución de obras de infraestructura y el pago de una plusvalía total de dos millones de dólares.
Esa plusvalía, aclaran, debe abonarse “contra la entrega del fraccionamiento por parte de la Intendencia”, y en función del avance por etapas de las obras.
El documento original del Contrato Plan contemplaba el fraccionamiento de las 200 hectáreas en una sola etapa. Sin embargo, la Intendencia resolvió que el proceso se realizara de forma gradual, por etapas, lo que implica un ajuste proporcional de los pagos.
Desde +Colonia señalaron que la confusión actual se origina porque el cronograma de pagos fue diseñado para un único otorgamiento total, y ahora se está actualizando para reflejar la nueva modalidad de ejecución.
“Esta adecuación es completamente normal”, afirmaron, subrayando que el Contrato Plan “es un marco general que debe ir ajustándose a medida que la realidad del proyecto evoluciona”.
Un diálogo abierto y un tema sensible
El caso abre un debate sobre los mecanismos de control y seguimiento de los grandes emprendimientos privados en el departamento. +Colonia fue presentado en su momento como un símbolo de innovación territorial, pero las recientes tensiones evidencian la necesidad de mayor claridad en la relación entre los desarrolladores y el Estado departamental.
Mientras la Intendencia asegura que actuará dentro de los marcos legales y contractuales, los promotores del proyecto buscan recalibrar sus compromisos financieros sin frenar el desarrollo. En los próximos días, se espera una nueva instancia de diálogo entre las partes para definir cómo se actualizará el acuerdo y en qué plazos se regularizarán los pagos pendientes.
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