La Asociación Laboral de Trabajadores de Calcar (ALTRAC) manifestó su preocupación ante el avance de un proyecto de ley que busca compensar económicamente a los productores remitentes de la cooperativa Calcar, afectados por el cierre de la planta ocurrido en abril de este año.
En un comunicado público, la organización expresó su apoyo general a la búsqueda de soluciones para los productores perjudicados, aunque planteó cuestionamientos respecto a los alcances del proyecto y los criterios de selección de los posibles beneficiarios.
Uno de los principales puntos señalados por ALTRAC es la eventual inclusión de exdirectivos de Calcar en los beneficios. Según el texto, estos actores fueron responsables del deterioro de la cooperativa y del perjuicio económico que afectó a productores, trabajadores, proveedores, distribuidores y al propio Estado uruguayo.
El comunicado recuerda que el Estado destinó casi cinco millones de dólares a través del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea (FRIL), además de créditos gestionados principalmente por el Banco República. Sin embargo, buena parte de esos recursos no se reflejan hoy en la unidad productiva que fue recientemente vendida.
ALTRAC acusa a los exdirectivos de vaciar la planta de Carmelo, de asegurar la colocación de su producción en otras empresas antes del cierre, y de utilizar tierras de colonización sin cumplir con los pagos correspondientes, deudas que luego fueron condonadas. A diferencia de estos casos, la organización destaca que muchos productores se vieron obligados a liquidar su ganado para subsistir.
Desigualdad de trato
La asociación también denunció el trato desigual hacia los trabajadores, quienes fueron derivados al Fondo de Insolvencia del BPS, lo que implica —según el caso— pérdidas de hasta el 50% de los salarios adeudados. Además, indicó que varios empleados han agotado el seguro de paro sin que el Ministerio de Trabajo haya firmado las prórrogas necesarias, incluso en casos con hijos a cargo.
A esto se suma la deuda pendiente por parte del salario de febrero y el salario completo de marzo, que en conjunto asciende a más de 150.000 dólares. En contraste, ALTRAC señala que algunos productores estarían próximos a cobrar el 100% de los montos adeudados, lo que implicaría un desembolso estatal cercano a 1,3 millones de dólares.
Monopolio y futuro industrial
La organización también planteó dudas sobre el destino de la producción lechera de los remitentes que recibirían la compensación. Cuestionó si será destinada al nuevo emprendimiento previsto en Tarariras o si, por el contrario, continuará fortaleciendo al actual monopolio que concentra el 72% de la leche remitida en el país y ha cerrado plantas en el interior.
Finalmente, ALTRAC solicita que se revisen los criterios del proyecto y que se excluya de todo beneficio a quienes, según su visión, tomaron decisiones que causaron un daño deliberado a la cooperativa. “Hubo ganadores y perdedores —afirma el comunicado—, y entre los primeros no deberían estar algunos de los exdirectivos”.
Firman el documento los representantes de ALTRAC: Luis Guigou, Mario Álvarez y Washington Marzat.
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