Por las tardes, la calle se vacía de voces y se llena de la calma tibia del barrio. En Carmelo, eso suele significar que todo está bien. Pero hace unos días, a las tres de la tarde, esa calma fue otra cosa.
La casa de Laura (el nombre es ficticio porque el miedo es real) fue abierta a la fuerza. Reja torcida, vidrio roto, silencio quebrado. Alguien entró mientras ella y su familia estaban fuera, como si el hogar pudiera dejar de ser hogar en cuestión de minutos. “Rompieron para entrar. No fue un descuido, no fue una puerta mal cerrada. Fue a propósito”, dice. La voz le sale baja pero firme, como si quisiera no recordar, pero supiera que hay que hacerlo.
Una vecina escuchó ruidos. Salió. Vio a un muchacho apoyado en el muro, con la impunidad de quien sabe que nadie lo va a detener. “Disculpe, disculpe, ya me voy”, dijo él. Se fue caminando por Avenida Rodó. Justamente por donde hay cámaras de vigilancia públicas. O, al menos, deberían haber estado funcionando.
“Pensamos que podríamos contar con eso. Que las cámaras estaban para protegernos. Pero no funcionaban. Hacía meses que no funcionaban”, cuenta Laura. Se refiere a las cámaras del sistema de videovigilancia instaladas sobre Avenida Rodó, en el tramo que va desde el club de remeros hasta la calle Guaraní. “Hay tres, tal vez cuatro. Pero ninguna servía. Nos lo dijeron en la comisaría: no tienen mantenimiento del Ministerio del Interior.”
El caso pasó sin pena ni gloria: no hubo llamado policial, ni contacto con la vecina que vio al sospechoso. Nadie fue a su casa a preguntar. Nadie volvió. Solo un patrullaje más frecuente, como para hacer de cuenta que algo cambió.
“No sabemos si la denuncia llegó a Fiscalía. Nadie nos avisó nada. Nosotros mismos tuvimos que ir a ratificarla, porque la primera vez fue muy por arriba. Y nadie nos dijo si está en el sistema, si sigue en investigación, si quedó en la nada.” Laura hace una pausa. Suspira. Se nota que esto le cuesta. No solo por lo que perdió —que no fue solo material—, sino porque cada respuesta ausente es una forma más de violencia.
Después del robo, Laura y su familia hicieron lo que no deberían tener que hacer: invirtieron en cámaras privadas, en rejas nuevas, en su propia tranquilidad. “No puedo decir que la policía no hace nada. Solo digo que no hacen lo suficiente. Y que uno se siente solo. Desamparado.”
La sensación de intemperie es difícil de poner en palabras, pero Laura lo logra: “No es normal que uno tenga que acostumbrarse a que te entren a tu casa. A que roben motos, bolsos, lo que sea. No está bien que esto sea cotidiano. No es un costo del sistema. Es una falla.”
Su casa está en una zona de Carmelo que, según le dijeron, debería estar vigilada. Pero las cámaras están apagadas, el registro no existe, el hilo se corta. Todo parece funcionar de forma simbólica. Un simulacro de seguridad. Un gesto sin cuerpo.
“Nadie vino a preguntarnos nada. Ni siquiera para saber cómo estamos.” La violencia, también, es eso: no mirar al que queda. No preguntarle qué necesita. No hacer nada.
La historia de Laura no es la excepción. Es, cada vez más, la regla. Un relato que se repite con voces distintas en esquinas parecidas. Y como dice ella: “Tuvimos suerte. No estábamos. Pero si llegamos a estar… capaz la historia era otra. O no la contábamos.”
En Carmelo, hay cámaras que no graban —como las de Avenida Rodó— y casas que se llenan de miedo. Hay denuncias que no se sabe si existen y familias que, de noche, miran más el monitor que el cielo.
Y hay una mujer que un jueves a las tres de la tarde, en su propio hogar, se quedó sola con una pregunta: ¿Quién nos cuida cuando no hay nadie del otro lado?
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