El prosecretario Juan Andrés Roballo anunció que la rehabilitación de privados de libertad contará con una nueva institucionalidad que tendrá un formato jurídico de servicio descentralizado, por fuera de la órbita del Ministerio del Interior. Derivar esta responsabilidad al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) “parece ser la mejor opción, aunque aún es un aspecto que se seguirá discutiendo”, dijo.
Esta disposición fue tomada por unanimidad en la reunión de los partidos políticos con el Poder Ejecutivo, encabezado por Tabaré Vázquez, que sesiona para alcanzar consensos en materia de seguridad, en esta ocasión, sobre rehabilitación de privados de libertad y sistema carcelario. Resta definir si el sistema para adultos y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) orbitarán en la misma organización institucional.
La nueva institucionalidad que tendrá un formato jurídico de servicio descentralizado se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del MEC, en principio, aunque este aspecto aún está a discusión –dijo Roballo–; “sí se acordó la necesaria independencia”, añadió.
El acuerdo incluye que habrá que analizar la diferencia entre el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley y los mayores de edad, donde “debe haber un abordaje diferente y de aquí en más afinaremos la institucionalidad”, aseguró.
La comisión técnica de esta multipartidaria analizará la posibilidad de tratar o calificar de “especialmente grave” los delitos contra policías, magistrados, fiscales y guardias de seguridad, dijo en otro pasaje de su alocución.
Por el Partido Nacional (senadores Luis Alberto Heber, Javier García y Guillermo Besozzi) se propuso aumento de pena para el homicidio intencional a más de 24 meses para que no sea excarcelable, considerar homicidio especialmente agravado cuando es contra policías, guardias de seguridad de empresas privadas, jueces y fiscales, además de aumentar el agravante al homicidio contra un trabajador en ejercicio de su función. Estas propuestas fueron las que pasaron a la comisión técnica.
Mientras, el Partido Colorado (diputado Germán Cardozo, edila Consuelo Pérez, prosecretario de esa fuerza política José Garchitorena) presentó el proyecto de Ley propuesto en la legislatura anterior sobre rehabilitación de personas privadas de libertad.
Desde el Partido Independiente (senador Pablo Mieres y diputado Daniel Radío) se congratularon sobre el abordaje integral a esta problemática por parte de la multipartidaria, porque no se detuvieron solamente en aspectos represivos. Además, se mostraron de acuerdo en pasar la gestión de los centros de rehabilitación a la órbita del MEC, tal como lo planteó el Gobierno.
Por parte de Unidad Popular (diputado Eduardo Rubio, Gonzalo Abella, Gustavo López) también están de acuerdo con “devolver” la rehabilitación de privados de libertad a la órbita del MEC, pero discrepan con gestionar desde la misma organización institucional la resocialización de mayores y menores. Para Unidad Popular “la vida no tiene distinto valor”, en relación a la propuesta que estudia la comisión técnica de la multipartidaria.
Finalmente, el Partido de la Concertación (Edgardo Novick, diputado Guillermo Facello) marcó la necesidad de la clasificación de reclusos y la instalación de la educación y el trabajo como una obligación para los privados de libertad.
Vía Presidencia de la República
