Aldama explicó que la Tarjeta Uruguay Social trabaja con las familias que están en situación de extrema pobreza, adjudicándoles una prestación monetaria que oscila entre 800 pesos, si es una persona sola o con un niño, o 5.000 pesos, si en el hogar viven más de cuatro menores.
Un poco más de la mitad de las tarjetas existentes tienen adjudicada un monto simple y las familias que están en peor situación reciben una tarjeta de monto doble, apuntó.
Las tarjetas se otorgan hasta que la situación de la persona se transforme, lo cual se verifica a través de visitas periódicas que hace la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
La Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo también es la encargada de evaluar las condiciones en las que viven las personas, trabajo que comienza con la aplicación de un algoritmo que creó la Universidad de la República (UdelaR), que ayuda a identificar a quienes viven en mayor exclusión socioeconómica.
La transferencia de dinero, que actualmente reciben 70.000 hogares, se hace a través de una tarjeta magnética que las familias utilizan en los comercios para poder adquirir productos básicos.
La Tarjeta Uruguay Social también se brinda a las familias en condiciones de pobreza extrema ante situaciones climáticas complejas que afectan los ingresos económicos de las personas como las inundaciones que se registraron en diciembre en Rivera, Artigas, Salto y Paysandú. En el norte del país se otorgaron tarjetas a las familias desplazadas por las inundaciones a partir del relevamiento de equipos técnicos del Mides.
Aldama afirmó que hay personas que devuelven voluntariamente la tarjeta porque su realidad económica cambió y que también se realizan muchas visitas para ajustar el procedimiento y constatar cambios o nuevas necesidades de la población que recibe la ayuda monetaria.
Aldama dijo que “el Estado no hace solamente transferencia de ingresos a las familias que viven en situación de pobreza extrema, sino que las familias que son de sectores medios y altos también reciben transferencia de ingresos en forma indirecta cuando se les devenga de sus aportes por diferentes razones o por la cantidad de hijos que tienen”.
Añadió que “cuando se piensa que se les da transferencia solamenta a las familias pobres, no es así porque el Estado le da transferencia a muchas familias y una visión más integral de las transferencias monetarias nos hace ver una realidad que indica que tenemos mucho para avanzar en términos de equidad, pero se está en el camino”.
Asistencia a la Vejez
Otro de los programas que desarrolla la dirección de Protección Integral en Situaciones de Vulneración es Asistencia a la Vejez y que se creó porque las personas más pobres están más deterioradas por las circunstancias y condiciones en las que han vivido durante toda su vida.
“En determinadas condiciones, la situación de vulnerabilidad física y social llega antes de los 70 años y por ese motivo se hace una transferencia monetaria que actualmente se ubica en 8.000 pesos para los adultos mayores, que entre 65 y 70 años, están en situación de indigencia”, .
Esa transferencia monetaria la cobran 2.700 personas en toda el país a través del Banco de Previsión Social (BPS). Actualmente corresponde que los ciudadanos cobren la pensión a la vejez a partir de los 70 años, salvo en casos de extrema vulnerabilidad.
Canasta energética
La Canasta de Servicios o energética es un programa interinstitucional que atiende a las familias que tienen una solución habitacional pero no pueden mantener en forma regular el pago de los servicios.
La intervención del Mides se realiza luego de que los ciudadanos fueron parte de programas como Mejoramiento de Barrios o Plan Juntos a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, lo que les posibilitó que tuvieran una casa donde vivir.
“La canasta alivia la carga de las familias en cuanto al pago de las tarifas energéticas porque se les concede una tarifa diferencial con UTE, se cambia la matriz de gasto energético para hacerla más eficiente, y también se realiza una transferencia para que puedan comprar gas”. apuntó.
Las familias llegan a esta ayuda porque la dirección de Protección Integral en Situaciones de Vulneración llega a los barrios que se regularización en forma reciente, como, por ejemplo, Bois y Merino o La Chapita en Paysandú. De esta forma el año pasado, el plan piloto llegó a 1.100 familias.
Este año este programa tiene por objetivo atender a 1.500 familias, definición que se lleva adelante con el Ministerio de Vivienda porque es la institución que interviene primero en los barrios. En este programa también participan los ministerios de Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; Ancap y UTE.
(fuente: Secretaría de Comunicación – Presidencia de la República)
