Por Miguel Guaraglia y Elio García
La empresa Asistec Seguridad llevó al Senado un conflicto que mezcla contratación pública, relaciones laborales y funcionamiento del Hospital de Nueva Helvecia. En una comparecencia ante la Comisión de Salud Pública, sus representantes sostuvieron que fueron desplazados del servicio en medio de represalias, luego de trasladar denuncias de maltrato laboral presentadas por trabajadoras del centro.
La firma dijo que comenzó a trabajar para ASSE en 2022, en la unidad ejecutora 048, correspondiente a las RAP de Colonia, y que también prestaba servicios en el Hospital de Nueva Helvecia. Según expuso, durante ese período no recibió observaciones por incumplimientos y contó incluso con cartas de conformidad por el servicio prestado.
El primer foco del problema apareció con una nueva licitación. Asistec afirmó que fue rechazada, al igual que otra empresa, por no cumplir con las referencias exigidas en el pliego. La empresa sostuvo que esa decisión se basó en un cambio de RUT derivado de su pasaje de unipersonal a SAS, aunque, según su versión, se trataba de la misma firma que ya venía trabajando para ASSE. El punto que marcó la delegación fue otro: aun después de esa descalificación, el organismo siguió contratándola por compra directa hasta el 30 de noviembre de 2025. Para la empresa, eso vuelve contradictorio el argumento de que no estaba habilitada o calificada.
Pero el conflicto no quedó ahí. Los representantes de Asistec vincularon el quiebre definitivo con una denuncia escrita de tres funcionarias por maltrato laboral, que, según dijeron, fue presentada ante ASSE y hoy está bajo investigación interna. A partir de ese momento, aseguraron, comenzó una reducción escalonada de horas en el Hospital de Nueva Helvecia. Según su relato, pasaron de realizar entre 900 y 1000 horas mensuales entre los servicios de RAP y hospital a quedar con unas 100 horas en el hospital, cuando en setiembre todavía tenían unas 300.
Durante la audiencia también describieron un episodio puntual: dijeron que autorizaron a personal a concurrir a una capacitación de ASSE, enviaron una suplente para cubrir el servicio y que, sin embargo, esa trabajadora no fue autorizada a cumplir funciones. Según la empresa, eso llevó al cierre de la atención al usuario pese a que había personal disponible. Afirmaron tener respaldo documental de ese episodio, desde marcas de reloj hasta recibos de sueldo y correos electrónicos.
En su exposición, Asistec también cuestionó la contratación posterior de una cooperativa para cubrir el servicio. Sostuvo que esa adjudicación se hizo de forma directa y afirmó que, de acuerdo con los registros que consultó, la cooperativa no contaría con la habilitación necesaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para suministrar personal al Estado.
Los senadores no emitieron juicio sobre el fondo del asunto, pero pidieron a la empresa que remita toda la documentación mencionada: correos, cartas, antecedentes del servicio y elementos vinculados tanto al plano laboral como al administrativo. La comisión resolvió enviar la versión taquigráfica y los documentos que reciba al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud Pública y a ASSE, para conocer su posición sobre el caso.
Por ahora, el Parlamento no tomó partido. Sí dejó abierto un expediente político sobre un conflicto que, según lo expuesto por la empresa, ya no se limita a una rescisión de contrato: alcanza también al clima laboral y a la forma en que se administró un servicio sensible en Nueva Helvecia.
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