El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, colocó la crisis de las personas sin hogar en el centro de la agenda pública al presentar la primera Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle, un plan oficial con 42 medidas y una premisa política tajante: la vida en la intemperie no puede ser una salida tolerada por el Estado. La iniciativa parte de un diagnóstico que desborda la lógica asistencial y reconoce un problema de escala nacional.
Los datos explican la urgencia. Según el dossier oficial de la estrategia, 11.261 personas fueron atendidas en todo el país en 2024 y 13.597 en 2025, mientras la red de respuesta llegó a 8.266 plazas con alojamiento, un 50% más que el año anterior. El crecimiento de la cobertura, sin embargo, no ha frenado la expansión del fenómeno.
El punto más relevante del anuncio no está en la emergencia, sino en el cambio de enfoque. El Gobierno plantea que la situación de calle no es solo un asunto de refugios, sino la convergencia de fallas en salud mental, consumos problemáticos, vivienda, trabajo, educación y trayectorias institucionales rotas. Por eso propone un modelo de intervención basado en tres ejes —vínculo, vivienda y vida— y una coordinación permanente entre Presidencia, el Ministerio de Desarrollo Social, Salud Pública, Interior, Vivienda, ASSE y las intendencias.
La apuesta es ambiciosa. Su prueba real empezará cuando el discurso de la integralidad se traduzca en egresos sostenibles, prevención y presencia estatal continua más allá del invierno.
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