La nota publicada este lunes por El Observador sobre la situación de los barcos abandonados en el arroyo Las Vacas, en Carmelo, vuelve a colocar en agenda un problema que excede el recuerdo del choque contra el puente giratorio de diciembre de 2018. Lo que surge de la información difundida por el medio capitalino y de las declaraciones del alcalde Luis Parodi no es solo la persistencia de embarcaciones semihundidas, sino también la continuidad de un conflicto ambiental, operativo e institucional que, pese a antecedentes graves y decisiones oficiales, sigue sin una solución completa.
El dato más fuerte de la nota es que, más de siete años después del episodio que dejó al puente torcido e intransitable para vehículos, todavía permanecen barcos en la zona. El Observador recuerda que el accidente de 2018 afectó de forma directa la conectividad de Carmelo, una ciudad de unos 18.000 habitantes, que quedó prácticamente aislada durante semanas, y que las reparaciones y tareas de retiro comenzaron a inicios de 2019 y culminaron en febrero de ese año. Esa reconstrucción histórica no funciona solo como contexto: muestra que el problema de fondo no fue eliminado, sino apenas contenido de forma parcial.
Desde el punto de vista informativo, la nota agrega un antecedente central. En abril de 2019, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el Consejo de Ministros autorizó una compra directa para retirar 10 embarcaciones en mal estado, a solicitud de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte, con un costo de US$ 1,2 millones. El fundamento oficial, según consigna El Observador, fue el “importante riesgo para la navegación”, con posibles consecuencias sobre la calidad de las aguas, las costas, bienes de terceros e infraestructura nacional. El propio decreto vinculó esa urgencia con el choque del 15 de diciembre de 2018, cuando tres embarcaciones a la deriva impactaron contra el puente sobre el arroyo de Las Vacas.
Allí aparece la primera línea de análisis: el caso revela una brecha entre la reacción estatal frente a una emergencia y la resolución definitiva del problema. El Estado reconoció formalmente la gravedad del riesgo, habilitó una contratación excepcional y destinó recursos importantes al retiro de barcos. Sin embargo, la nota de El Observador señala que aún permanecen embarcaciones en el lugar. Eso obliga a revisar no solo qué se hizo, sino qué quedó sin hacer, por qué algunas naves no fueron efectivamente removidas o por qué la intervención no terminó de cerrar un foco que ya había demostrado su capacidad de generar daños severos.
Las declaraciones de Parodi profundizan esa lectura. Según informó a El Observador, en el arroyo quedaron tres embarcaciones pesqueras sin retirar y, de acuerdo con su versión, están “contaminando la zona por el derrame de combustible”. La misma nota añade un elemento sensible: esos tres nombres figuran en el listado de barcos a retirar mencionado en el decreto de 2019. En términos periodísticos y políticos, ese contraste instala la pregunta más importante del caso: si estaban comprendidos en la decisión oficial, por qué siguen allí.
La segunda línea de análisis tiene que ver con el valor estratégico del arroyo Las Vacas. El Observador consigna que tiene 17 kilómetros navegables y una profundidad de entre 3 y 4 metros, además de su papel en la actividad portuaria, naval, educativa y deportiva de Carmelo. Allí funciona el puerto comercial usado para la conexión fluvial con Tigre, operan astilleros privados y uno del MTOP, está la Escuela de Reparaciones, Construcciones Navales y Anexos de UTU, y también se desarrollan competencias como el Triatlón de Carmelo. Eso vuelve más visible el contraste entre un espacio productivo y de integración regional, por un lado, y la permanencia de chatarra naval semihundida, por otro.
En ese marco, el planteo ambiental del alcalde adquiere un peso central. Parodi afirmó que los barcos están “semihundidos”, que pierden combustible en terrenos privados y que el riesgo puede agravarse ante una creciente, especialmente porque se trata de una zona habitada. Esa advertencia desplaza el eje del asunto: ya no se trata solamente de navegación o de imagen urbana, sino de la posibilidad de que un pasivo abandonado derive en un problema de contaminación con impacto sobre el entorno inmediato. La nota, por lo tanto, no describe un residuo del pasado, sino un riesgo activo.
La tercera línea de análisis refiere a la distribución de responsabilidades. Según El Observador, Parodi dijo que el tema fue planteado meses atrás ante representantes del MTOP y que ahora se espera una definición de la Dirección Nacional de Hidrografía. También sostuvo que, a nivel departamental, no tienen jurisdicción para actuar. Esa frase es clave porque muestra el límite de la autoridad local: el municipio detecta el problema, lo denuncia y reclama, pero no dispone de herramientas suficientes para resolverlo por sí mismo. El caso expone así una falla de coordinación entre niveles del Estado, donde la proximidad territorial no coincide con la capacidad de decisión.
La nota de El Observador permite, en suma, una lectura doble. En la superficie, informa sobre tres barcos que siguen abandonados en el arroyo Las Vacas y sobre la preocupación del alcalde por eventuales derrames. En un plano más profundo, exhibe la persistencia de un problema estructural: embarcaciones en desuso que no fueron retiradas del todo, antecedentes de alto impacto sobre la infraestructura pública, recursos estatales ya comprometidos y una respuesta institucional todavía inconclusa. El episodio de 2018 probó lo que podía ocurrir cuando el abandono se convertía en emergencia. Lo que plantea hoy la nota es que, mientras esas naves sigan en el agua, el problema no pertenece al pasado.
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