Durante décadas, la Reserva de Fauna de Carmelo fue un paseo tradicional, un refugio verde que conectaba a la comunidad con el entorno natural. Hoy, sin embargo, enfrenta su mayor amenaza: un cúmulo de omisiones, irregularidades administrativas y decisiones improvisadas que podrían sellar su cierre definitivo.
En esta entrevista, Renzo Martínez, uno de los actuales responsables de la gestión a través de ADECO, admite —sin eufemismos— que la Reserva funciona al margen de la legalidad.
Con escasa documentación en regla, sin comodato desde 2019, sin estructura institucional válida y con señalamientos por irregularidades en el manejo de animales, el relato de Martínez expone mucho más que un problema de gestión: revela la fragilidad de un espacio abandonado por las instituciones, por las comisiones anteriores y, en parte, por la propia comunidad.
En un diálogo tenso y por momentos contradictorio, Martínez reconoce errores, falta de controles, compras fuera del marco legal, e incluso una denuncia por tráfico de fauna que golpea de lleno a la credibilidad del proyecto. A pesar de todo, insiste en que vale la pena luchar por la Reserva. La pregunta es si aún queda algo que salvar.
¿Cómo vivieron el momento en que se combinó el incendio, la inspección y la fuga de animales?
Fue caótico. Justo cuando los inspectores estaban entrando, nosotros apagábamos literalmente el fuego. Se escaparon una decena de animales, probablemente el mayor número en la historia de la Reserva. No sé si fue casualidad, pero todo se dio junto. Veníamos de hablar de denuncias e inspecciones, y de repente, esto.
¿Sabían que estaban funcionando sin comodato desde 2019?
Sí, lo sabíamos. El comodato con el Ministerio de Turismo había vencido, y la Reserva seguía operando. Estamos al 99% en falta, como dije. Pero veníamos intentando regularizar todo. Hubo conversaciones con el Ministerio, pero la estructura legal actual no nos permite firmar directamente, tiene que ser la Intendencia.
¿Por qué no se regularizó durante todos estos años, ni por la comisión anterior ni ahora?
No tengo respuestas para lo que se hizo antes. Nosotros hace solo ocho meses que estamos con ADECO. Sabíamos que había irregularidades, como cuando comprás un auto con deudas. Aceptamos ese desafío.
¿Cuántas personas integran actualmente la comisión de la Reserva?
Muy pocas. Alicia Espíndola y cuatro o cinco más. Ni cerca de las 60 personas que exigen los estatutos. Esa es otra irregularidad, claro.
¿Qué dice exactamente la denuncia que se presentó?
Habla de irregularidades en la tenencia y manejo de animales. Se menciona que no hay registro adecuado, que falta un veterinario permanente. También se cuestiona una compra que hice personalmente, de un ñandú macho, en una rematadora. Fue con mi dinero, pero no tenía la documentación ni las autorizaciones necesarias.
¿Consultaste a alguien antes de comprar ese animal?
No. Estaba en una rematadora y vi la oportunidad. Lo traje porque hacía falta. Fue un error, sí. No lo niego. Pero no hubo mala fe. Me equivoqué.
¿Hay tráfico ilegal de animales vinculado a la Reserva?
No tengo pruebas de eso. Solo sé lo que hice yo: una compra mal gestionada. Se nos indicó que para cualquier incorporación de fauna se necesitan permisos, guías y controles sanitarios. Eso no se cumplió.
¿Cómo funciona la gestión económica hoy? ¿Quién maneja los fondos?
No está del todo claro. Hay ingresos de socios, pero no hay una contabilidad formalizada como debería. Lo estamos intentando ordenar, pero es parte de las deudas heredadas.
¿Qué pasa si la Reserva cierra? ¿Qué futuro ves?
Sería un golpe durísimo. Pero también sería justo si nadie se hace responsable. No podemos seguir con esta informalidad. O se profesionaliza o se termina. Pero no quiero que Carmelo pierda esto. Estamos en un punto de inflexión.
¿Qué debería pasar para salvarla?
Voluntad política. Apoyo institucional. Una nueva estructura legal. Y sí, también un compromiso real de la comunidad. Esto no se salva con discursos sino con acciones.
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