El alcalde de Dolores y presidente de la Mesa Ejecutiva del Plenario de Municipios del Uruguay, Joaquín Gómez, realizó en el programa Efecto Dominó, de Centenario TV, una serie de declaraciones que abren una discusión sensible sobre el presente y el futuro de los municipios en Uruguay.
“Hay un sistema político del Uruguay que no quiere que los municipios avancen”, afirmó Gómez, al señalar que tampoco existiría voluntad suficiente para que “los alcaldes tengan mayor autonomía”. La frase tiene el peso político de los sincericidios: expresa en público una incomodidad que suele circular en ámbitos municipales, pero que pocas veces se plantea con tanta claridad.
El planteo no se limita a una crítica política. Gómez también apuntó a un problema institucional: la falta de claridad sobre el alcance real de las responsabilidades de los alcaldes. “No tenemos claro cuáles son nuestras responsabilidades, no están escritas claramente cuáles son, y eso también da una sensación de inseguridad para todos los alcaldes del país que no saben hasta dónde llegar”, sostuvo.
Esa afirmación expone una tensión de fondo. El alcalde es, para el vecino, la autoridad más cercana. Es quien recibe los reclamos por calles, cunetas, espacios públicos, luminarias o servicios locales. Sin embargo, no siempre cuenta con recursos, personal, maquinaria o autonomía suficiente para resolverlos. Muchas veces puede gestionar, insistir o coordinar, pero no decidir directamente.
Allí aparece una de las principales paradojas del sistema municipal uruguayo: los municipios son visibles para recibir demandas, pero no siempre tienen poder efectivo para dar respuestas. Esa distancia entre expectativa ciudadana y capacidad institucional desgasta a los gobiernos locales y genera frustración tanto en los vecinos como en los propios alcaldes.
A descentralizar poder
La crítica de Gómez también toca un punto más profundo: la resistencia a descentralizar poder. Esa resistencia puede ser política, porque los municipios disputan territorio y liderazgo; presupuestal, porque dar autonomía implica transferir recursos; administrativa, porque supone compartir capacidad de ejecución; o cultural, porque Uruguay mantiene una tradición centralista que también se reproduce dentro de los departamentos.
De todos modos, el debate requiere equilibrio. Una mayor autonomía municipal debe ir acompañada de reglas claras, controles adecuados y recursos suficientes. De lo contrario, podría generar superposición de funciones o desigualdades entre localidades. Pero una descentralización débil corre el riesgo contrario: transformar a los municipios en oficinas de recepción de reclamos, sin herramientas reales de gestión.
El sincericidio del alcalde de Dolores deja una pregunta abierta para el sistema político: qué tipo de municipios quiere Uruguay. Después de más de una década de experiencia municipal, la discusión ya no pasa sólo por su existencia, sino por su capacidad real de gobernar. Y esa definición sigue pendiente.
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