El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) publicó un informe crítico sobre el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029, en el que advierte sobre un aumento significativo del gasto público, una inversión que no logra despegar y un contexto de pérdida de competitividad que podría complicar el crecimiento económico proyectado por el Gobierno.
Más gasto, menos inversión
Según CERES, el presupuesto prevé un incremento real del 10% en los egresos del Gobierno Central, incluyendo el Banco de Previsión Social (BPS). Este aumento duplica el crecimiento del gasto observado durante la administración 2020-2024 y se aproxima al registrado entre 2015 y 2019.
Uno de los rubros con mayor expansión será el de remuneraciones, que crecerían casi el doble en términos reales respecto al período anterior. También se anticipan aumentos en áreas como Salud, Seguridad Social, Protección Social e Infraestructura, aunque el análisis no contempla posibles incrementos adicionales que podrían surgir durante el debate parlamentario.
En contraste, la inversión proyectada —16,6% del PIB— se ubicaría por debajo del promedio del último quinquenio (17,1%) y lejos del objetivo del 20% anual planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para CERES, esto pone en duda uno de los pilares del presupuesto: la aceleración del crecimiento económico.
Supuestos optimistas y una competitividad en retroceso
El documento también cuestiona los supuestos macroeconómicos que sustentan el plan presupuestal. Mientras el Gobierno proyecta un crecimiento del 2,4% anual, CERES recuerda que en contextos similares al actual —con condiciones externas neutras— la economía uruguaya creció apenas un 1% promedio entre 1985 y 2024.
Además, alerta sobre un posible deterioro de la competitividad, medido por el tipo de cambio real. La proyección de una inflación superior al aumento del dólar, sumada a la falta de reducciones en los costos de producción, podría dificultar las exportaciones y la atracción de inversiones.
Ingresos inciertos y dudas fiscales
Otro foco de interrogantes gira en torno a la recaudación proyectada. El Gobierno estima ingresos adicionales por 600 millones de dólares anuales (0,75% del PIB) gracias a nuevas medidas tributarias, como el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico a multinacionales, el IRPF a incrementos patrimoniales en el exterior y el llamado “impuesto Temu”.
Sin embargo, CERES advierte que si la recaudación efectiva y las mejoras en eficiencia tributaria fueran la mitad de lo esperado, el déficit fiscal podría agravarse en al menos 0,2 puntos del PIB ya en 2026, ampliándose con el paso de los años.
Una estructura presupuestal fragmentada
Más allá de los números, el informe destaca problemas estructurales en la forma en que se elabora y ejecuta el gasto público. Según CERES, existe una “fragmentación institucional y superposición de cometidos” que dificulta la coordinación y diluye las responsabilidades entre organismos.
Cita como ejemplo las unidades ejecutoras de los incisos “Partidas a Reaplicar”, “Subsidios y subvenciones” y “Diversos créditos”, que en conjunto representan el 30% de los egresos del Estado pero carecen de un cometido definido, lo que complica el análisis y la transparencia presupuestal.
Un llamado al debate con foco en la eficiencia
En conclusión, CERES insiste en que el debate parlamentario sobre el presupuesto debe contemplar no solo cifras y proyecciones, sino también la calidad del gasto y la efectividad de las políticas públicas. En un contexto global incierto, con señales de bajo crecimiento y escasa inversión, el think tank reclama una agenda de reformas estructurales y una mejora sustancial en la asignación de recursos.
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